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PGJ iba a pedir perdón por caso Narvarte sin reconocer responsabilidades

PGJ iba a pedir disculpas con funcionario menor y sin reconocer culpas por caso Narvarte: CDHDF
Era la noche del 26 de octubre de 2011 cuando Carlos Sinuhé Cuevas Mejía llegaba a su casa en Topilejo, en la carretera libre México-Cuernavaca, en Tlalpan. El estudiante de la Facultad de Filosofía de la UNAM se bajó del camión y, a unos metros de su domicilio, lo asesinaron con 16 disparos. No hubo detenidos, no se resolvió el caso. A casi siete años del homicidio del joven, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación por la indebida procuración de justicia, pues las autoridades capitalinas no habrían agotado todas las líneas de investigación, y múltiples violaciones a derechos humanos en contra de María de Lourdes Mejía Aguilar, madre del occiso. "Se documentaron diversas violaciones a derechos humanos: derecho al debido proceso, acceso a la justicia y verdad en relación con el principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica; derecho a la integridad personal en relación con el derecho a la memoria de las personas fallecidas, el derecho a la intimidad y vida privada; y derecho a la protesta social en ejercicio de la libertad de expresión", dice el comunicado de la CDHDF. Las dependencias señaladas por estas violaciones y negligencias son la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia –en ese entonces a cargo de Miguel Ángel Mancera– y el Tribunal Superior de Justicia, todos de la Ciudad de México. ¿Cuál fue el móvil del asesinato, según la Procuraduría en 2011? Unos días después de la muerte, se informó que la línea principal de la investigación fue un crimen pasional, pues varios de los disparos fueron contra el área pélvica del estudiante. (Vía: Proceso) Pasaron los meses, sin detenidos, y la Procuraduría tenía una nueva hipótesis: "La Procuraduría está siguiendo la línea de narcotráfico queriendo inmiscuir a mi hijo ahí", declaró en entrevista para MVS María de Lourdes. Era julio de 2012. La madre del occiso relató que existían antecedentes por delitos contra la salud y las autoridades no querían seguir otras líneas. En aquel entonces, María de Lourdes señaló que era parte de varios movimientos sociales e incluso llevaba una bitácora donde documentó que dos supuestos estudiantes del campus universitario de Cuautitlán lo seguían. Antes de su muerte, Carlos llevaba meses recibiendo amenazas por su activismo político e incluso en la Facultad se repartieron volantes donde lo señalaban como paramilitar. (Vía: Animal Político) Esas son algunas líneas que se tocaron a lo largo de estos años, las cuales no se han querido abordar pese a que ni estas ni las 5 mil diligencias periciales sobre el caso han llevado a los responsables. Incluso se ha considerado la posibilidad de que su muerte fue una ejecución extrajudicial, pero tampoco ha sido revisada esa posibilidad. Esa noche, relata República 32, dos hombres lo esperaban en la parada de su autobús. Fue acribillado a unos metros de una patrulla, en un punto donde tampoco servían las cámaras de seguridad. Tras la movilización de los curiosos, las luces de la patrulla se desvanecieron. La recomendación que emitió la CDH este jueves 9 de agosto exige que las autoridades investigar el caso y que indemnicen a las víctimas por daño material e inmaterial, así como las afectaciones a su proyecto de vida. Además, se solicitó una disculpa pública y la reivindicación de la memoria del joven. La petición ocurre en una ciudad donde el 59.4% de los ciudadanos perciben la prevalencia de la impunidad.

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