¿Por qué es crucial reconocer el caso de Marco Antonio como ‘desaparición forzada’?

Marco Antonio Sánchez Flores es un joven de 17 años que el pasado 23 de enero, como a las 4:30 de la tarde, estaba en la esquina de y tomándose fotos con un amigo suyo. Dos policías en una motocicleta comenzaron a perseguirlo. Con ayuda de otro par de patrulleros, lo detuvieron en los alrededores del Metrobús del Rosario. Después lo subieron a una patrulla y no se conoce a dónde lo llevaron.

Más tarde, el viernes 26, los padres del joven levantaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y el tema se difundió ampliamente por las redes sociales. Intervinieron instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que el joven estaba matriculado como estudiante de la Preparatoria No. 8; y el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Ambas exigieron a las autoridades que se localizara a Marco Antonio lo antes posible.

El joven fue localizado en un puente el sábado 27 y fue puesto a disposición a un juez de Tlanepantla porque supuestamente parecía que se iba a suicidar. Al no encontrar elementos para un delito, lo dejaron ir; a pesar de que la alerta de su desaparición ya estaba activadas.

La policía de la CDMX reportó que dos de los policías implicados se presentaron voluntariamente a declarar y que fueron detenidos; pero que no sabían el paradero del joven. El domingo 28 fue encontrado en Tlanepantla, a 40 km de distancia del lugar de su primera detención, cinco días después de su desaparición, visiblemente afectado, física y emocionalmente.

Esos son los hechos, hasta donde los conocemos. Lo que viene a continuación, es lo que los actores involucrados dijeron al respecto.

 

Lo que dicen todos

El amigo de Marco Antonio, que presenció la detención, declaró que los policías lo golpearon con uno de sus cascos cuando ya estaba en el suelo, durante la detención. Además, agregó, lo patearon.

Los padres del menor aseguraron que, según los videos que les mostró el sistema de seguridad C-5 de la CDMX, nunca se observa que los policías hayan dejado ir a Marco Antonio después de haberlo subido a la patrulla. Tampoco se observa que hayan tomado la ruta que los llevaría al Ministerio Público.

El abogado de la familia identificó al menos ocho irregularidades en el caso. Tales irregularidades fueron cometidas por los policías, la agencia 40 del Ministerio Público, el juez en Tlanepantla y los funcionarios que lo retuvieron y después lo dejaron ir, el Centro de Justicia de Tlanepantla y el propio jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera.

La agencia 40 del Ministerio Público se negó a dar información sobre el paradero del joven, a pesar de que presuntamente fue arrestado y era obligación suya emitir un acta en el momento.

Los policías que lo arrestaron declararon que “son buenos policías”, y que lo dejaron ir poco después de haberlo detenido. Adicionalmente, dijeron no saber su paradero después de ese momento, y que no tienen idea de por qué se encontró en el Estado de México.

Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la CDMX declaró que obviamente no fue desaparición forzada y que “no hay certificación de que fue golpeado”, “sólo hay forcejeo”.

Las Organizaciones No Gubernamentales que se han pronunciado al respecto, han insistido en que se reconozca el delito de desaparición forzada en este caso.

 

“Sano se lo llevaron…”

Rara vez un caso como el Marco Antonio recibe tanta atención por parte de las autoridades. La presión que se desplegó desde las redes sociales y la manifestación en el Ángel de Independencia del domingo fueron los impulsos que pusieron a trabajar a las corporaciones policiacas y al gobierno de la CDMX, junto con las comunicaciones emitidas por la UNAM y la ONU-DH.

La desaparición de un joven estudiante nos recuerda el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, de los cuales, hasta el momento, no sabemos el paradero. En parte por ello, Organizaciones Civiles, la CNHD y los propios padres de Marco Antonio han exigido que se investigue el caso como “desaparición forzada”; mientras que Mancera ha sido enérgico en negar esa posibilidad frente a la prensa. ¿Por qué?

Cuando un servidor público priva de su libertad ilegalmente a una persona, siempre es “desaparición forzada””.

Es importante aclarar que si no se trata de “desaparición forzada”, no se puede imputar ningún otro delito por el extravío. Es decir, no puede ser secuestro, porque aunque materialmente es lo mismo –una persona es privada ilegalmente de su libertad –las implicaciones y consecuencias son distintas. Cuando un servidor público, o cualquier persona a petición de un servidor público, priva de su libertad ilegalmente a una persona, siempre es “desaparición forzada”, siempre. Conceptualmente, el secuestro es distinto, porque es un medio para obtener un fin, es decir, la extorsión; mientras que la desaparición forzada es el fin en sí mismo.

Respecto a la posible desaparición forzada, Mancera declaró:

Yo creo que está muy claro el tipo penal y está muy claro lo que dice la desaparición forzada, obviamente es ocultamiento, retención, eso es una desaparición forzada, no una persona que deambule libre, como lo observamos en las cámaras”.

No obstante, la desaparición forzada no especifica que una víctima no pueda “deambular libremente” después de cometido el delito. Al contrario, no hay limitación temporal. No importa si la retención duró poco tiempo, o cinco días, o tres años; aun así es desaparición forzada.

Para aclarar si se trata de este delito o no, importa mucho lo que dijeron los policías. Según ellos, detuvieron a Marco Antonio porque “alguien” les había dicho que robó un celular. Pero ese alguien no ha sido identificado. Adicionalmente, importa mucho que no haya sido presentado ante el Ministerio Público. No porque cualquier policía suba a una persona a su patrulla se trata de desaparición forzada. Este delito se caracteriza por privar a una persona del acceso a la ley, de suspender sus derechos.

Los policías pueden detener a alguien, siempre y cuando lo presenten ante las autoridades competentes y se siga el proceso dictado por la ley. Si no lo hacen, entonces se trata de una privación ilegal de la libertad, aíslan a la persona de sus derechos y de la ley, y por lo tanto resulta en una desaparición forzada.

Hasta el momento, la versión oficial indica que lo “soltaron”, aunque los familiares aseguraron que por los videos que vieron en el sistema de información C-5, este hecho nunca se observó.

En redes sociales se ha esparcido el rumor de que Marco Antonio padece una adicción o es un ladrón. No hay pruebas de esto hasta el momento; pero, aunque fuera cierto, no anula que se trate de desaparición forzada.

Si una persona comete un delito y la policía se lo lleva, tiene que presentarlo ante las instancias encargadas de aplicar la ley. Si lo lleva a cualquier otro lado, si lo oculta y lo priva de la libertad; entonces es desaparición forzada. No importa si cometió un delito o no.

“No importa si la retención duró una horas, cinco días o tres años; aun así es desaparición forzada”.

La actuación de la policía en este caso no es atípica. Los vecinos de la zona aseguran que es frecuente que elementos de seguridad acosen y extorsionen a estudiantes. El sector Hormiga de la SSP Azcapotzalco se encuentra cerca de tres escuelas, el Bachilleres 1, el CCH Azcapotzalco y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM; también en las inmediaciones se encuentra el Metro y el Metrobús Rosario, lugar en el que detuvieron a Marco Antonio.

Los habitantes de la Unidad Habitacional El Rosario aseguraron haber visto que los policías protegen a los asaltantes y privan de su dinero y celulares a los estudiantes de los tres planteles:

No sólo Marco Antonio luchó contra los policías que lo desaparecieron. Aquí, vecinos y vendedores estamos solos. Nos cuidamos unos a otros y luchamos contra el bando de los rateros y policías que los apadrinan”.

Y si es desaparición forzada, ¿qué?

El gobierno capitalino hasta el momento no ha admitido que se cometió un delito. Han insistido en que el joven fue encontrado con vida, y que fue visto en un puente deambulando libremente. Estos hechos, por sí mismos, no son pruebas en contra de la desaparición forzada. Y aunque es importante y motivo de celebración que Marco Antonio haya sido encontrado con vida, eso no puede ser suficiente para eximir de responsabilidad tanto a los policías, como al jefe capitalino.

Las consecuencias, sin embargo, y las responsabilidades son diferentes. Si se prueba que se cometió el delito de la desaparición forzada, hay un costo legal para los policías, y político para el jefe de Gobierno y la corporación policiaca de la CDMX. Por cometer tal delito, los policías enfrentan hasta 40 años de cárcel y la remoción de su cargo.

En cambio, las instituciones de estado de la Ciudad de México enfrentan un grave costo político. En un país lastimado por más de 30 mil desapariciones forzadas, el jefe de gobierno no puede darse el lujo de permitir ni una más en todas las instituciones a su cargo.

Él no es autor del delito, por supuesto, pero es responsabilidad de Mancera, junto con su gobierno, que un delito de esta naturaleza no se cometa en la CDMX. Resulta fundamental que la ciudadanía siga presionando para encontrar a las personas víctimas de este delito, así como para evitar que se vuelva a cometer. Las instituciones de gobierno que desaparecen a sus ciudadanos cometen un crimen, y no pueden ser toleradas en una democracia.

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