A 48 horas de que ruede el balón, analizamos el teatro del Mundial 2026: exenciones fiscales multimillonarias, privatización de instalaciones militares y el miedo presidencial a un estadio que no se puede silenciar.
Este próximo 11 de junio, el Estadio Azteca acogerá la inauguración de la Copa del Mundo más vista en la historia reciente. Claudia Sheinbaum no estará ahí.
Lo que al principio se vendió desde la maquinaria oficial como un noble gesto de “austeridad republicana” —regalar el boleto número 001 a una niña sin recursos— revela, cuando se lee junto con el resto de las decisiones tomadas estas semanas, una contradicción que no admite decoración retórica. El gobierno que juró gobernar para el pueblo negoció en lo oscurito con la FIFA, cedió espacios militares al capital privado, borró su propia identidad de las vialidades capitalinas y, finalmente, se ausentó del escenario que construyó con dinero público.
No se ausentan por humildad. Se ausentan porque saben perfectamente lo que les espera ahí adentro.
El Paraíso Fiscal de Gianni Infantino
La secuencia de hechos es demasiado ordenada para ser casual. Sheinbaum sostuvo llamadas directas con Gianni Infantino para garantizar que el Mundial no se moviera de México, asegurando compromisos de seguridad y movilidad urbana que la FIFA dictó y el gobierno acató sin cuestionamiento público.
Pero lo que esas negociaciones también implicaron —sin conferencia de prensa, sin debate legislativo y de espaldas a la nación— fue la exención fiscal total a la FIFA. El organismo no le pagará un solo peso de impuestos al SAT por los monumentales ingresos generados en territorio mexicano durante el torneo. Es una práctica estándar que la FIFA exige a todos sus países sede como condición innegociable, pero en México se aprobó sin que ningún legislador oficialista se atreviera a llamarlo por su nombre: un subsidio público a una corporación privada suiza.
Hablamos de un organismo con ingresos anuales que superan los miles de millones de dólares, beneficiándose de un hoyo fiscal que el Estado mexicano prefirió mantener en la opacidad. Un gobierno que durante años condenó el outsourcing fiscal de las élites, negoció en el más absoluto silencio la exención tributaria más grande del sexenio. ¿Para quién? Para un ente corporativo cuyos boletos excluyen a la inmensa mayoría de los mexicanos; esos mismos mexicanos que, paradójicamente, están pagando con sus impuestos la infraestructura, la seguridad de 56,000 policías y la logística del evento.
Campo Marte 26: El Negocio sobre la Tragedia
Después vino el descaro inmobiliario. La Secretaría de Turismo federal autorizó el evento “Campo Marte 26”: un Fan Fest privado —no público, no gratuito, no organizado por la alcaldía— instalado en instalaciones militares durante 39 días. El predio fue entregado a la empresa The Mates Contents, S.A. de C.V. sin licitación pública y a título gratuito.
Lo más escabroso está en las sombras operativas. La empresa que maneja los hilos detrás, Grupo ECO Live, tiene directivos imputados por homicidio culposo tras el colapso de estructuras en el AXE Ceremonia de 2025, tragedia donde perdieron la vida los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, y que hasta hoy opera en la impunidad sin sentencia dictada.
El alcalde opositor de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se desmarcó de inmediato con instinto de supervivencia: “Es un evento que promueve la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal”. La distinción es crucial: el espacio es del Estado, el beneficio económico es estrictamente privado y la responsabilidad política quedó flotando en el aire.
La Arquitectura de la Captura
¿A quién le sirve realmente este operativo monumental?
- A la FIFA, que obtiene una sede con infraestructura garantizada y espacios públicos vaciados de cualquier competencia comercial o simbólica.
- A los operadores del Campo Marte 26, que combinan la legitimidad y seguridad de las instalaciones militares con un modelo de negocio rapaz en el corazón de la ciudad.
- A los patrocinadores globales (como Coca-Cola con su Tour del Trofeo o Airbnb con sus noches VIP en el Azteca), que ocupan los espacios que el gobierno preparó con los recursos colectivos.
El costo lo absorben los contribuyentes. El beneficio lo captura una cadena de intermediarios de cuello blanco que jamás será mencionada en las mañaneras.
Este modelo completo —exención al organizador global, cesión gratuita del predio militar al operador local y boletos inaccesibles para la clase trabajadora, pero disponibles para huachicoleros, factureros y políticos con agenda— no es una serie de decisiones técnicas aisladas. Es una arquitectura de captura construida pieza por pieza por un gobierno que se presenta cada mañana como el antagonista histórico del neoliberalismo. Pero cuando el capital organizado toca la puerta con un contrato en inglés, el gobierno se agacha y sirve el café.
El Terror al “Silbido” en Alta Definición
Gobernar para el pueblo y gobernar para los contratos internacionales son dos proyectos distintos y excluyentes. Esta semana, el segundo ganó por goleada.
Lo que Sheinbaum sabe —y la verdadera razón por la que verá la inauguración desde la comodidad del Zócalo frente a una pantalla LED de 510 metros cuadrados— es que el Azteca no es territorio seguro. En 1968, Gustavo Díaz Ordaz pudo inaugurar las Olimpiadas diez días después de la masacre de Tlatelolco porque el Estado monopolizaba cada señal de televisión.
Hoy ese monopolio está muerto. Las redes sociales no se cierran con un decreto presidencial. Un estadio lleno, con las cámaras del mundo entero transmitiendo en vivo, es un campo minado donde la narrativa oficial del “pueblo feliz y transformado” puede hacerse añicos en tiempo real con un silbido masivo, una pancarta filtrada o el eco de una disidencia que no estaba en el guion de Presidencia.
Las Exigencias de una Izquierda Coherente
Ante esta claudicación, una izquierda verdaderamente coherente (y no solo de eslogan) debería estar exigiendo tres cosas concretas hoy mismo:
- Transparencia total sobre los contratos con la FIFA: ¿Qué cedió exactamente México en materia regulatoria, fiscal y de imagen pública a cambio de unos cuantos partidos?
- Auditoría pública y penal del Campo Marte 26: ¿Quiénes son los operadores reales, cuánto le pagan a la Sedena por usar infraestructura militar y quién firma los permisos que benefician a empresas manchadas de sangre?
- Un debate estructural sobre los megaeventos: Si el costo es público y el beneficio es corporativo, el gobierno no está actuando como anfitrión de un mundial, sino como el gestor gratuito de negocios ajenos.
El País que queda después del 20 de julio
Cuando las cámaras se apaguen y la FIFA desmonte sus toldos de hospitalidad VIP del Azteca, México seguirá siendo exactamente el mismo país que existía antes del saque inicial.
Las madres buscadoras seguirán rastreando fosas clandestinas sin respuesta institucional. Los campesinos seguirán esperando la bonanza prometida. El Metro —drenado de inversión por la austeridad selectiva, donde el dinero sobró para el Tren Maya pero no para los frenos de la Línea 12— seguirá siendo la trampa mortal de quienes no pueden pagar un Uber. Los políticos seguirán cobrando mientras se acusan mutuamente de la corrupción que todos practican a puerta cerrada.
El Mundial 2026 no transformó nada de eso. Fue simplemente el telón. Un telón enorme, costoso, genuinamente espectacular, financiado con tu dinero y administrado en beneficio de unos pocos, que durante 39 días cubrió la vista de todo lo que el teatro político necesita que ignoremos.
Cuando lo desmanten, el escenario real quedará otra vez a la intemperie. La pregunta ya no es si México fue una buena sede. La pregunta es quién firmó los contratos, quién cobró la tajada, quién quedó exento de impuestos y por qué ninguno de esos nombres fue exhibido en Palacio Nacional. Esa es la verdadera historia. Y esa historia empieza el 20 de julio, cuando las cámaras se vayan.
