Conceden libertad provisional a ‘La Manada’, acusados de violar a una mujer en Pamplona

Imagen: Diario Sur

Este jueves, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra decretó la libertad provisional a los cinco miembros de ‘La Manada‘, después de dos años en prisión preventiva, si pagan 6 mil euros cada uno.

Los miembros de ‘La Manada’ podrán quedar en libertad de forma inmediata mientras asistan al juzgado tres veces a la semana, no podrán entrar a la Comunidad de Madrid, donde vive la víctima, ni podrán comunicarse con ella. También se les retirará el pasaporte y no tendrán permitido salir del territorio nacional.

Agustín Martínez Becerra, abogado de los cinco hombres, declaró: “Hemos estado con todas las familias. Produce satisfacción que vuelven a ver a sus familiares dos años después. Son gente humilde y les va a costar reunir los 6 mil euros de fianza”. (Vía: El País)

Los cinco fueron condenados a nueve años de prisión por la violación grupal de una mujer madrileña en 2016, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona. La condena fue por ‘abuso sexual continuado‘ y no por violación, después de que los jueces que vieron el video del ataque consideraran que no podía acreditarse que la víctima fuera violentada o intimidada.

No obstante, la víctima declaró que se encontraba en shock y en ningún momento se trató de una relación consentida: “Estaba totalmente en shock, no sabía qué hacer, quería que todo pasara rápido y cerré los ojos para no enterarme de nada”, dijo en una audiencia en diciembre pasado.

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José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero se encontraban recluidos en la cárcel de Pamplona, mientas que Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo se encontraban en la prisión de Alcalá Meco. Los cinco tienen, además, un juicio pendiente por la violación de otra mujer semiinconsciente en el interior de un automóvil, en Pozoblanco. (Vía: El Español)

Ante la polémica decisión del Tribunal, que cuenta con un voto discrepante de uno de los tres jueces, miles de personas se manifestarán a las afueras del Ministerio de Justicia en Madrid. “La decisión envía un mensaje desolador”, afirma Bárbara Tardón, experta en violencia sexual. “El mensaje para ellas es que acceder al sistema judicial no garantiza sus derechos y genera desconfianza hacia aquellos que supuestamente las tienen que proteger”. (Vía: El Diario)