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Los feminicidios en México no se resuelven por estas 8 razones

Todas lo hemos visto: desaparece una chica y las autoridades aseguran que “se fue con el novio”; las mujeres se protegen con gas pimienta y un funcionario dice que podría detenerlas justo por protegerse. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la impunidad en casos de feminicidio en nuestro país tiene que ver con una ruta seguida por las autoridades durante las investigaciones: desde negar que existen razones de género en los crímenes hasta dar más peso al testimonio de los agresores que a las víctimas. Es decir: tienen las armas para resolver los casos, pero no la voluntad ni el conocimiento.

El informe Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017 revela que, durante esos tres años, la cifra se elevó un 52%, lo cual tiene que ver con la forma en que se investigan los feminicidios y cómo se maneja la información en ellos.

Éstos son los ocho elementos de la ruta de impunidad identificada por la OCNF:

1. No se resuelven los feminicidios porque ni siquiera se investigan como tales

A pesar de la tipificación del feminicidio y sus características objetivas, los operadores jurídicos aún se resisten a investigar los asesinatos como tales y a acreditar las razones de género en el curso de las investigaciones. “En algunos casos, es evidente que omiten iniciar líneas de investigación relacionadas con las razones de género, como en casos donde la participación de las parejas sentimentales de las víctimas debería ser línea lógica de investigación inicial, revela el informe.

Es decir, que aún cuando se debería y se pueda sospechar de la pareja sentimental, ésta no es buscada hasta que ya se dio a la fuga.  Esto, además, contribuye a la revictimización de las familias, al expresarles que los sospechosos son víctimas y no probables responsables.

En algunos casos, como el de Karen Sánchez y Victoria Salas, se inicia una investigación por homicidio culposo, lo que lleva a la pérdida de material probatorio. Cuando las autoridades no investigan un caso como un probable feminicidio, ignoran el problema y éste solamente crece, como esperarte mucho tiempo a tomar una taza de té: solamente se pone más agrio.

2. Las autoridades opinan sobre la vida privada de las víctimas (y de paso difunden fotografías obscenas que dañan la integridad)

¿Te gustaría que la autoridad encargada de investigar tu muerte opinara sobre tu vida personal, sobre tus hábitos y tus relaciones? ¿Te gustaría que los medios difundieran imágenes obscenas de tus familiares que no tienen nada que ver con lo que fueron en vida?

El informe revela que existe un patrón de discriminación y violencia institucional por parte de las autoridades, que difunden información o imágenes sensibles a través de medios de comunicación u opiniones estereotípicas de género que justifican a los agresores y estigmatizan a las víctimas. De acuerdo con la Corte Interamericana, “la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer”.

En los casos de Wendy Hernández González, Mayra Abigail Guerrero Mondragón y Lesvy Berlín Rivera Osorio, fueron las mismas autoridades las que filtraron la información y contribuyeron a la revictimización de las mujeres asesinadas.

3. Pierden evidencia y descuidan la escena del crimen

“En algunos casos, con la revisión del expediente es suficiente para observar negligencias en el lugar de los hechos o hallazgo, que incluyen la falta debida de resguardo o el que no se recaben datos de prueba fundamentales para la investigación“, señala la OCNF.

Ver: Suicidios de mujeres deben investigarse como feminicidios: OCNF

 

4. Peritos incapaces de reconocer una violación o tortura

Se han documentado contradicciones entre peritos o inconsistencias entre hallazgos y declaraciones de un mismo perito. El problema es más grave por la falta de perspectiva de género en sus investigaciones. Héctor de Mauleón documentó cómo las autoridades perdieron e ignoraron información importantísima en el caso de Victoria Salas; ni siquiera supieron tomar huellas digitales en la escena del crimen.

El informe presenta el ejemplo de Wendy Hernández González, cuyas fotografías mostraban lesiones por mordidas humanas y, sin embargo, en el dictamen, se concluye que una de las lesiones es autoinfligida y el resto provocadas por fauna del lugar. También el caso de Karen Sánchez Gochi, en el que médicos forenses concluyeron que no existió agresión sexual pues ‘la violencia se va a reflejar siempre que la víctima oponga resistencia’.

5. Se opina mucho sobre la vida de las víctimas y se investiga poco el contexto del crimen

La jurisprudencia internacional señala que “el deber de investigar efectivamente […] tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres“. Además, ciertas líneas de investigación que no toman en cuenta el contexto en el que ocurren los crímenespueden generar ineficacia en las investigaciones”.

Ver: Autoridades no cuentan con datos de feminicidios en la CDMX

6. Nunca se sanciona a las autoridades ineptas

Hay peritos e investigadores que pueden ir libres por la vida repartiendo errores y omisiones que arruinan investigaciones enteras, sin que nadie los reprenda. De acuerdo con la OCNF, en muchos casos, las autoridades obstaculizan el derecho de las víctimas a una debida diligencia: esto va desde negar a las familias copias del expediente, hasta la falta de asignación de asesores jurídicos. Además, “el derecho a la reparación del daño es prácticamente inexistente, desde la falta de mecanismos claros para su exigibilidad, como la incapacidad o resistencia de las autoridades judiciales”.

7. Los casos no se abandonan, simplemente se olvidan

Así como los derechos de las víctimas no están garantizados, no existe un mecanismo para que se supervisen las investigaciones y se evalúe a las autoridades que participaron de ellas. Además, debe existir un seguimiento en las sanciones a servidores públicos que incurran en fallas.

8. Falta de perspectiva de género en las sentencias

Finalmente, el informe de la OCNF revela que no hay un análisis con perspectiva de género, a tal grado que las autoridades suelen negar insistentemente el contexto de violencia de género en las muertes violentas de mujeres. Las sentencias no toman en cuenta la existencia de razones de género en la violencia que se ejerce hacia los cuerpos de las mujeres, “mediante el uso de interpretaciones basadas en estereotipos o en opiniones sin una base objetiva y peor aún, inobservando el principio de legalidad y taxatividad penal“.

“Preocupa una tendencia del Poder Judicial a justificar las agresiones, justificar la violencia ejercida por ellos o culpabilizar a las víctimas con evidente falta de perspectiva de género, de forma discriminatoria. Se ha identificado, además, una constante en que se toma en consideración únicamente los dichos de los agresores para acreditar los hechos”.