El informe concluyente de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa determinó que la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, fue un crimen de Estado pero, ¿de qué hablamos cuando se recurre a este concepto?
La importancia de este tema radica en la nueva resolución sobre lo acontecido el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos desaparecieron luego de abordar camiones particulares.
La conocida como “Verdad Histórica” del caso apuntó a que policías locales detuvieron sin motivo al grupo de estudiantes y los privaron de la libertad. Hechos después indicarían que se les quitó la vida y fueron quemados en un basurero.
Versión que fue descartada en su totalidad con la nueva indagatoria, en la que se reveló que no hay indicios que apuntan a que los estudiantes sigan con vida. Así como otras pruebas determinantes que responsabilizan al Estado de la catalogada como desaparición forzada.
¿Qué es un crimen de estado?
Primero, hay que saber qué, ‘crimen de Estado’ no es un concepto propio del sistema legal internacional. Por lo que, su definición se basa en parámetros que califican la participación de entes o representaciones del Estado en la comisión de un ilícito.
Es decir que, para determinar si un acto ilícito recae en el territorio del calificado como ‘crimen de Estado’ se debe evaluar si las acciones de uno o varios actores en su condición de autoridad participaron en el delito. Bajo criterios internacionales tales como:
Privación arbitraria de la vida, desaparición forzada, detención arbitraria y el referido como “actuar de la autoridad”, que integra cualquier acción ilícita llevada a cabo por un órgano, división o persona en su facultad de autoridad representante del Estado. Lo anterior, señalado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) y publicado en Animal Político (2014).
De acuerdo con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, un ‘crimen de Estado’ es “aquel delito cometido por agentes estatales o particulares que actúan por complicidad u omisión del Estado” y engloba delitos como “exterminio, desplazamiento o desaparición forzada, esclavitud o persecución contra la población civil”.
Caso Ayotzinapa: crimen de Estado
En el caso Ayotzinapa, la Comisión de la Verdad que fue conformada para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas informó que dentro del grupo había un infiltrado del ejército, actor del gobierno cuya inacción derivó en las repercusiones ya conocidas.
Y se catalogó como un crimen de Estado luego de que el análisis de documentos revelara la alteración de escenas del crimen, la relación de autoridades con grupos delictivos y la participación de fuerzas de seguridad. Incluso, lo describió como un “crimen organizado desde el más alto nivel de Gobierno”.
Así como se responsabilizó al ejército por la acción, omisión y negligencia en el caso. Acción que, de acuerdo a los parámetros internacionales revisados en párrafos anteriores, entran en los parámetros que califican un ilícito como crimen de Estado.
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