Ayotzinapa y la violación de derechos humanos en los procesos de justicia

¿Podemos confiar en un sistema judicial que posiblemente "fabrica la justicia" mediante la sangre?
Ayotzinapa y la violación de derechos humanos en los procesos de justicia. (Imagen: Twitter)

¿Qué sucede cuando las instituciones judiciales violan los derechos humanos para obtener  justicia? Ayotzinapa es una huella amarga en la memoria de México tanto por el asesinato de los estudiantes como por las fallidas labores de investigación.

A cinco años de la masacre en Iguala, pocas cosas son claras, inclusive se han liberado a 44 de los presuntos implicados en el caso por haber obtenido sus testimonios mediante tortura y detenciones arbitrarias.

Recientemente, “El Gil” uno de los presuntos culpables y señalado como jefe de “Guerreros Unidos” en Iguala fue liberado tras cuatro años de prisión. Esto, luego de que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas desestimara 81 pruebas en su contra.

En la conferencia mañanera del 4 de septiembre, Alejandro Encinas dio un informe general acerca de los avances en el caso Ayotzinapa, también explicó los motivos de liberación de Gildardo López Astudillo.

“El pasado 30 de agosto, el juez Primero de Distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, el juez Samuel Ventura Ramos a través de la secretaría de acuerdos de este juzgado dictó una sentencia absolutoria en favor de Gildardo López Astudillo conocido como “El Gil”, quien es reconocido que operaba como jefe de la plaza de “Guerreros Unidos” en la ciudad de Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro se circunscribió analizar solamente 162 de los 791 tomos que fueron parte de la averiguación y consideró que se abría aplicado el delito de tortura, a pesar de que la Procuraduría General de la República de entonces realizó el examen médico psicológico reconocido como Protocolo de Estambul donde se acreditó que no había sido torturado aunque faltó hacer la prueba de audiometria”.

El subsecretario de Derechos humanos puntualizó:

  • 13 casos de dilación indebida en la puesta a disposición
  • 48 detenciones ilegales por falsa flagrancia
  • 22 detenciones ilegales por haber sido ordenadas de forma irregular
  • 29 casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes
  • 26 casos de exceso en el cumplimiento de una orden de presentación
  • 1 caso de incomunicación
  • 6 casos de violación al derecho a la defensa adecuada

Cada una de estas violaciones a los derechos humanos acabó, al menos en primera instancia, con lo que pudo ser la resolución de la “verdad histórica”. A cinco años, se dará un informe acerca de los avances del caso, lo que no sabemos es si hablaron sobre las implicaciones de la tortura y la violación de los derechos humanos en los procesos de impartición de justicia.

“México ha usado activamente las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada, ambas vinculadas al narcotráfico, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos. Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4 mil 600 denuncias sobre presuntos abusos cometidos por militares”. (Vía: Human Rights Watch)

Estos delitos son juzgados con base en la defensoría y sistema militar no en la justicia penal, por lo que podría implicar un posible manejo de escenas del crimen, recursos y defensas que, en mayo o menor medida, terminen en la falta de justicia o esclarecimiento legal.

La tortura nunca fungirá como obtención de justicia, bajo ninguna circunstancia, es un delito más, un síntoma de la profunda corrupción y deshumanización social. ¿Por qué creemos que la venganza puede funcionar como un método de justicia?

Esta practica violenta no sólo se relaciona con ese “supuesto de justicia”, también con la fabricación de pruebas, evidencias o el ocultamiento de las mismas.

En este sentido, la tortura o la desaparición forzada suelen suceder tras los procesos de detención ya sea legítima o arbitraria, en el trayecto los detenido son incomunicados, agredidos u extorsionados con diversos fines. ¿Podemos imaginar lo que es capaz de declarar ante el Ministerio Público una persona que ha sido violentada u amenzada?

En su informe acerca de la violencia en México en el periodo del 2017-2018, Amnistía Internacional explicó:

“Las detenciones arbitrarias muchas veces incluían la colocación de pruebas falsas, generalmente armas y drogas ilegales, por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades parecían tener como objetivo a personas históricamente discriminadas, especialmente hombres jóvenes que vivían en la pobreza”. (Vía: Amnistía Internacional)

En este caso no sólo los 43 estudiantes de Ayotzinapa sufrieron una desparición forzada y una posible tortura, sino que los presuntos culpables también fueron víctimas de delitos similares. Si se sigue un sentido de estricta justicia y apego a la ley la liberación de “El Gil” no está mal, se trata del reconocimiento de sus derechos humanos.

Pero ¿qué pasa con la “fabricación de justicia”? El dolor de la pérdida y la ausencia no pueden resarcirse, la justicia sólo ayuda a poner al mundo en su lugar, a darle un sentido al dolor, pero éste vacío y dolor no se llenan con el maltrato de otras persona, inclusive si se trata de criminales.

¿Podemos confiar en un sistema judicial que posiblemente “fabrica la justicia” mediante la sangre?