¿Quieres recibir notificaciones de nuestro sitio web?

¿Se puede hablar de ética ante la objeción de conciencia?

Con la objeción de conciencia los médicos podrían negar tratamiento a pacientes con base en sus preferencias morales
¿Cuáles son las implicaciones de la objeción de conciencia?

Ante la aprobación de la objeción de conciencia en Nuevo León, donde los médicos podrán negarse a realizar procedimientos que contradigan su posicionamiento moral personal, habría que preguntarnos a quién realmente beneficia la objeción de conciencia. ¿Realmente es ético negar tratamiento médico con base en distinciones religiosas, sexuales, económicas? 

Te recomendamos: Aprueban objeción de conciencia en Nuevo León

La objeción de conciencia es un movimiento relativamente nuevo que inició con la legalización del aborto –bajo ciertos motivos– en Reino Unido en 1967. Fue entonces que médicos alrededor del mundo comenzaron a “exigir su derecho” a reservar el tratamiento por cuestiones religiosas y morales. ¿Cuál es el problema de la moral? Que ésta, como conjunto de creencias y valores, no deja de ser subjetiva. ¿Qué impediría que el médico negara tratamiento por cuestiones socioeconómicas o raciales con base en su moral? 

Porque sí pasó. Por años se le negó el tratamiento médico a distintas minorías sociales. Durante la epidemia de SIDA en Estados Unidos (en la que se registraron 120,453 muertes a finales de 1989) cientos de médicos se negaron a tratar a los pacientes debido a sus preferencias sexuales. En Nueva York, cerca de 258 médicos consideraba ético rechazar a pacientes con SIDA. Un artículo de The New York Times publicado en 1987 cita a un doctor diciendo “podía ser egoísta. Podía pensar en mí mismo. Podía pensar en mi familia“. Ahora se sabe que el SIDA no hubiera sido contagiado mediante tratamiento médico, noticia que llegó demasiado tarde para miles de personas.

Se habla de la libre elección de los doctores y su pleno consentimiento ante los trabajos que habrían de realizar (con base en el artículo 5 de la Constitución Mexicana, por ejemplo), ¿pero qué tanto se habla del consentimiento de los pacientes? ¿Qué pasa con los cientos de pacientes que, debido a su falta de conocimiento médico, no han podido consentir realmente a los tratamientos que se les realizan? ¿Qué pasa con la violencia obstétrica en la que se aplicó la eugenesia a cientos de mujeres de Yucatán en 1920?

Los doctores siempre tendrán una posición de autoridad frente a los pacientes, derivada sí, de años de estudio e investigación. Pero autoridad de cualquier forma. De aceptar la objeción de conciencia, habría una discriminación validada por el sistema médico. Peor aun, se podría entender que los médicos, directa o indirectamente, impondrían una visión moral ante los pacientes. Por lo tanto, se posiciona en un mismo plano el dilema moral y la cuestión de salud, cuando la primera debería de ser dependiente de la segunda.

El famoso juramento hipocrático, entonces, desaparece. Lejos quedó “consagrar mi vida al servicio de la humanidad“, “velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente” y “no permitir que consideraciones de credo político o religioso, nacionalidad, raza, partido político o posición social se interpongan entre mis deberes profesionales y mi paciente“.  Los médicos que hubieran conscientemente elegido su profesión, ahora se posesionarían en contra del juramento en el que ésta se rige.

Ahora bien, ¿qué pasa con la objeción de conciencia en México? En la propuesta de ley aprobada el 15 de octubre en Nuevo León, se establece que cada hospital público deberá de contar por lo menos con un médico dispuesto a realizar los procedimientos a los que otros se nieguen. ¿Es esto viable en un país con limitado presupuesto médico? De las ya limitadas plazas para médicos, ¿éstas se tendrían que repartir respecto a posiciones morales y no méritos laborales? 

Aun cuando existiera un médico para suplir a otro, la atención que recibiría el paciente se vería necesariamente afectada. Éste tendría que buscar a un doctor que se adecue a su situación moral, religiosa, civil. El proceso, además de complicado, implicaría una pérdida de tiempo especialmente grave en tratamientos que cuentan con ventanas de tiempo limitadas, como las 12 semanas permitidas para el aborto. Igualmente, el salto entre consultas resultaría ineficiente, además de que no todos los pacientes podrían acceder a los diferentes servicios, ya sea por cuestiones económicas o por falta de información.

Recordemos que el derecho a la salud es el “derecho humano a gozar sin distinción alguna, del más alto nivel de salud que permita a cada persona vivir dignamente“. Sin embargo, la objeción de conciencia comprometería la calidad, eficacia y equidad de los servicios médicos. El derecho a la salud se vería comprometido con base en la moral individual de cada uno de los médicos ya que los servidores públicos actuarían por interés personal.