Violencia obstétrica: una crisis invisibilizada

La violencia obstétrica ha sido, por mucho tiempo, un problema dentro de las instituciones de salud del país que ha sido invisibilizado porque, entre otras cosas, se consideraba una situación “normal” dentro de las salas de parto de los hospitales. A finales del 2015, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicaba un informe en el que reportaba que, tan sólo en 18 meses (de enero de 2014 a junio de 2015), se reportaron 266 casos, muchos de los cuales nunca fueron procesados.

Apenas en la presentación del informe, el GIRE hace una revisión de varios casos de alto impacto que llegaron a los titulares de la prensa nacional: mujeres (en una mayor proporción indígenas) que daban a luz en jardines o estacionamientos de los hospitales que se suponía tenían que atenderlas, otras que morían por cesáreas mal practicadas o los reportes, cada vez más crecientes, de esterilización involuntaria.

Como ocurre generalmente con la violencia institucionalizada, la gran mayoría de los casos de violencia obstétrica se dan contra mujeres indígenas: sin medios para defenderse en el momento de los ataques o de formas de ser escuchadas, depende (o debería de depender) del trabajo de las Comisiones de Derechos Humanos estatales el hacer visibles estos casos no sólo para defender a las víctimas, sino para crear mecanismos para que no vuelvan a ocurrir estas violaciones. (Vía: Animal Político)

En septiembre de 2015, una mujer estaba comenzando su labor de parto. Una mujer indígena en el poblado de Pahuatlán, en Puebla. Acudió al hospital de su comunidad sólo para enfrentarse al hecho de que no podían atenderla, ya que, como dicta la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “no tenían ni anestesiólogos, ni ginecólogos ni pediatras” en las instalaciones, así que se le recomendó ser transladada al hospital de Huauchinango, Hidalgo, pero la única ambulancia no tenía ni gasolina ni conductor y, aunque se contactó a la policía municipal para “ayudar”, ellos también informaron que no tenían personal para ello. Como pudo, la mujer llegó al hospital hidalguense, sólo para ser atendida casi diez horas después de su arribo, tras lo que perdió a su bebé y, no conforme con todo lo anterior, médicos le injertaron un dispositivo intrauterino (DIU) sin su consentimiento. (Vía: CNDH)

Tal como reporta Animal Político, el caso de Martha (el seudónimo de la víctima que utiliza el medio para reportar su caso, pues la CNDH ha protegido su identidad) fue tan sólo uno; en 2016, la CNDH documentó al menos cinco casos de esterilizaciones involuntarias. El hospital hidalguense, no conforme con la negligencia que costó la vida de su hija, no dejaba salir a Martha hasta que no “le colocaran el DIU”.

Poco más de un año después, ya terminada la investigación de la CNDH, finalmente esta institución publicó una recomendación para los gobernadores Rafael Moreno Valle, de Puebla, y Omar Fayad, de Hidalgo, por las omisiones de sus sistemas de salud y las violaciones a los derechos humanos de Martha. Hasta el momento, ninguna de las oficinas de los gobernadores ha hecho declaración alguna al respecto.