Según la información proporcionada por la prensa local, entre el 2009 y 2020, en el estado de Guanajuato se han encontrado 109 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 268 cuerpos. No obstante, y a pesar de la evidencia periodística, el gobierno estatal niega la existencia de registros de fosas clandestinas en los últimos años.
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De acuerdo al “Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato”, elaborado por diferentes organizaciones e investigadores, quienes analizaron datos oficiales así como reportes de prensa, los hallazgos de fosas clandestinas se registraron en 29 de los 46 municipios, siendo 2019 el año en el que más casos se presentaron.
Pénjamo, Irapuato, Villagrán y Celaya son los municipios con más fosas encontradas dentro del estado. Estos municipios coinciden con los territorios que desde hace tiempo se disputan el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima.
Secrecía del gobierno
Los responsables de la elaboración de este informe han realizado, desde 2015, diversas solicitudes de acceso a la información pública al gobierno de Guanajuato sobre el número de fosas clandestinas y de cuerpos recuperados. En estas siempre recibieron la misma respuesta: “No hay registro sobre la información solicitada”.
El informe citado, señala que en agosto de 2018, el entonces procurador, hoy fiscal estatal, Carlos Zamarripa, admitió frente a la prensa local la existencia de cinco fosas clandestinas. Sin embargo, se refirió a ellas como “excavaciones para ocultar”.
Después de dicha declaración, se ingresaron nuevas solicitudes a la Fiscalía Estatal en las que, nuevamente, se negó la existencia de fosas.
En la última solicitud sobre el tema, ingresada el 20 de enero de este año, se solicitó “…información sobre el número y la ubicación de fosas clandestinas o entierros clandestinos (superficiales o profundos) de cualquier tipo, así como de los restos humanos o cuerpos de personas encontrados desde que se tuviera registro”.
La respuesta de la Fiscalía estatal fue enviada el 13 de febrero, en la que reitera “…que no se contaba con registros de fosas en el estado y periodo peticionado, bajo el contexto referido”.
Datos que contradicen a las autoridades estatales
Frente a la negativa del gobierno guanajuatense para proporcionar la información solicitada, los responsables del informe recopilaron todos los datos publicados en medios de comunicación, así como en registros que si bien, no proceden de fuentes gubernamentales, sí cuentan con un valor oficial debido a que provienen de organismos reconocidos por el Estado mexicano.
Como ejemplo, citan el “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México 2016”, en el que se menciona que entre 2007 y 2016 fueron encontradas 18 fosas clandestinas en la entidad, de las cuales se exhumaron 22 cuerpos.
También se menciona que en mayo de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB) presentaron otro informe sobre fosas clandestinas, así como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO).
En este último, se registró tan solo una fosa clandestina en Guanajuato en los primeros cinco meses del gobierno en turno, pero en su versión actualizada al 6 de enero de este año “no documentó la existencia de fosas clandestinas en el estado”.
Por su parte, las organizaciones e investigadores hicieron una recopilación de notas periodísticas relacionadas con fosas clandestinas publicadas por medios locales entre 2009 y 2020.
Al final, se sumaron 109 fosas clandestinas y 268 cuerpos exhumados, siendo el periodo entre 2017 y 2019. Durante este tiempo se observa un incremento importante en el número de fosas encontradas anualmente al pasar de 8 a 40 hallazgos.
Respecto al número de cuerpos exhumados por municipio, cuatro de ellos concentran el 46.3% del total en todo el estado, siendo Villagrán el municipio que encabeza la lista, seguido de Irapuato, Celaya y Pénjamo.
El día de hoy publicamos el Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato (enero de 2009 a julio de 2020). Aquí el link: https://t.co/r23Eo3svxh
— Jorge Ruiz Reyes (@jorgerure) August 25, 2020
Les comparto un resumen de nuestros resultados principales.
Abro hilo ?:
Acción tardía del gobierno estatal y presión social
En la última parte del informe se mencionan las deficiencias detectadas en el manejo de esta problemática por parte del gobierno estatal y que derivaron en la invisibilización del tema.
Entre ellas, se destaca que la aprobación de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del estado se logró hasta mayo de 2020, lo que significó un retraso de casi dos años y medio con relación a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición de carácter federal.
También se destaca que a la par del proceso legislativo para la aprobación de esta ley, “… la participación de familias, víctimas indirectas, organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de personas defensoras de derechos humanos fue bastante limitada” por lo que sólo fue posible gracias a la presión social.
La participación de la sociedad civil, permitió que el pasado 3 de julio en el municipio de Uriangato, se llevara a cabo la primera búsqueda en terreno de colectivos y familiares, acompañados por autoridades federales y estatales.
Un esfuerzo compartido
Las organizaciones de la sociedad civil que participaron en la elaboración del informe son: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH); Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica; el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana; Data Cívica, y Human Rights Data Analysis Group (HRDAG).
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Los investigadores que formaron parte de este esfuerzo compartido son: Fabrizio Lorusso, de la Universidad Iberoamericana León; Jorge Ruiz Reyes, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana CDMX, y Oscar Elton, de Data Cívica.
Con información de Animal Político
