El 23 de marzo de 2016, alrededor de las 19:30 horas, un grupo de hombres armados entró a un negocio en Boca del Río, Veracruz. Iban por Claudia Ivonne Vera García. A casi dos años de haber sido “levantada”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación, pues se violó el derecho al acceso a la justicia.
Claudia tenía 42 años el día que fue llevada por el comando. Se dedicaba a manejar varias cuentas en redes sociales, como la de la organización “¿Y quién habla por mí?”, para ayudar a buscar a personas desaparecidas y víctimas de maltrato infantil.
Se emitieron comunicados a clínicas, servicios periciales, policías, detectives, servicios médicos en los primeros días y se realizaron entrevistas, relata la recomendación. Sin embargo, aparentemente, no se avanzó más en las pesquisas.
La CNDH apunta que el acceso a la justicia no es algo que se agote con la simple tramitación de procesos internos, sino que se debe de hacer lo indispensable para conocer qué fue lo que pasó, proteger los derechos de las víctimas y sancionar a los responsables. Pero en el caso de Claudia no pasó así, incluso con la intervención de la Comisión antes de que se hiciera la recomendación de este año.
“Los agentes del Ministerio Público adscritos a la Procuraduría Estatal encargados (…) omitieron realizar diversas acciones para su perfeccionamiento, por lo cual con su actuar no garantizaron el acceso a la justicia a sus familiares en su carácter de víctimas”, señala la Comisión.
El Ministerio Público no actuó como debió en las primeras horas después del incidente, algo que la CNDH señala que es fundamental para cualquier caso de desaparición.
Los agentes, dice, incurrieron en irregularidades en la indagatoria, apuntando que las omisiones durante la averiguación previa dañan sustancialmente la procuración de justicia y, naturalmente, el derecho a ésta.
“Existe violación al derecho humano al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, ya que los servidores públicos (responsables) adscritos a la (Fiscalía), encargados de la investigación y persecución del delito cometido en agravio de (la víctima), no actuaron con la debida diligencia y omitieron realizar acciones pertinentes”, se lee en la recomendación.
Según la serie de evidencias que presenta la CNDH, varios actores de la procuración de justicia de Veracruz sólo emitieron oficios pidiendo a varios lugares que avisen si encuentran a Claudia.
Además, se entrevistaron con los testigos del “levantón”, quienes trabajaban con Claudia, y familiares, quienes señalaron que ella era activista. Se solicitó también que se investigaran los teléfonos con los que había tenido contacto e imágenes de las cámaras, pero eso no resolvió el asunto, ni tampoco llevó a su paradero la información que movía en sus redes sociales, a la cual no pudieron acceder en un inicio por no tener las contraseñas.
Ya van por los dos años y la activista que tenía contacto con los familiares como los del caso de las cinco víctimas de desaparición forzada en Tierra Blanca, Veracruz, sigue desaparecida. (Vía: Reforma)