Es típico que en vísperas de las elecciones, de pronto empiecen a surgir propuestas que plantean que es posible así como así resolver problemas estructurales, como si la solución siempre hubiera estado ahí, enfrente de nuestras narices. Evidentemente la eliminación de la pobreza es el tema favorito para aquellos que pretenden ocupar un cargo público, ya que las soluciones mágica e inmediatas son un imán de votos en cualquier elección.
Este tipo de soluciones mágicas, que ahora se estila llamarlas “populistas”, en nuestro país no son exclusivas de un grupo político-ideológico particular, sino que parece ser que es parte del ADN del sistema político mexicano. Este gen populista se activa en cada proceso electoral y se materializa en una idea muy básica: si la pobreza es la falta de acceso a bienes y servicios y estos se obtienen con dinero, entonces la solución al problema de la pobreza es darle dinero a los pobres.
“El gen populista se activa en cada ciclo electoral”.
El nivel de complejidad de este tipo de propuestas es distinto, hay desde las más simples, que sostienen que es posible eliminar la pobreza a partir de una transformación moral que acabará con la corrupción de tajo, lo cual permitirá al gobierno recuperar los recursos perdidos en esas prácticas e impulsar el desarrollo del país. Hay otras propuestas que en apariencia son un poco más complejas pero que de aplicarse también podrían terminar en un desastre económico.
Nos referimos a la propuesta impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad y por el equipo de campaña de Margarita Zavala que plantea que una forma de mejorar los niveles de ingresos de las personas más pobres es aumentando el salario mínimo y haciendo una exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las personas que perciban un salario menor a los 10 mil pesos. (Vía: Animal Político)
“El ISR representa la mitad de los ingresos tributarios del país”.
Hay que recordar que el ISR es un impuesto directo que se cobra sobre los ingresos de una persona física o moral; la tasa actual de ese impuesto es de 0 a 35% para personas físicas y del 32% fijo para personas morales. El año pasado, la federación recaudó 2 billones 715 mil 900 millones de pesos, de ese total, la recaudación de ISR fue de 1 billón 420 mil millones de pesos, que representa el 52.2% de los ingresos tributarios del país, por tanto, es el principal impuesto que pagamos en México.
“Eliminar el ISR a personas con ingresos menores a 10 mil pesos reduciría considerablemente la recaudación fiscal en el país”.
Del total del ISR recaudado el año pasado, el 50.7% fue pagado por personas morales, esto significa que las empresas entregaron al fisco 720 mil 900 millones de pesos. En el caso de las personas físicas, se recaudaron 40 mil 900 millones de pesos en el concepto de actividades profesionales y 640 mil 900 millones de pesos por retenciones a asalariados.En total, las personas físicas pagaron 681 mil 800 millones de pesos de ISR; mientras que en el caso de los ingresos de las personas morales, el 68.2% corresponde a empresas con ingresos mayores a 500 millones de pesos al año.
La propuesta de eliminar el ISR a personas con ingresos menores a 10 mil pesos reduciría considerablemente la recaudación fiscal en el país, que ya de por sí es limitada (15% del PIB) ya que más del 50% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad y por tanto, no paga impuestos. Es decir, aplicar una medida de este tipo exentaría de ese impuesto al 80% de los asalariados en el país, por lo que habría que restar 545 mil 440 millones de pesos a las arcas del gobierno mexicano; para darnos una idea, se perdería casi dos veces el equivalente de presupuesto de educación que es de 267 mil 655 millones de pesos. (Vía: SAT)
Pero eso no es todo: además de eliminar el impuesto para ese sector buscan bajar el ISR a personas morales al 24%, además de generalizar el IVA, esto significa gravar alimentos y medicinas. Esto resulta problemático, no solo por el tema del impacto que tiene en la recaudación, sino porque generalizar el IVA afecta directamente al consumo.
¿Qué efectos económicos que tendría una medida como esta? En primer lugar, reducir la recaudación fiscal limitaría las funciones del gobierno por falta de recursos, habría menos presupuesto para educación, salud o seguridad.
En segundo lugar, una medida así distorsionaría la economía: elevar el salario mínimo de manera aleatoria puede generar riesgos inflacionarios, sobre todo si el incremento es superior a esta, además presuponer que eliminar un impuesto implica mejorar el poder adquisitivo de las personas es falso, ya que el incremento la persona vería reflejado es artificial, ya que no tiene que ver con un aumento de su salario real.
Por último, hay una contradicción en la propuesta en el sentido de que supuestamente buscan mejorar el poder adquisitivo de las personas, pero justamente lo afectas en el momento en que generalizas el IVA. En este caso hay por lo menos dos problemas asociados: 1) El IVA generalizado sumado con la inflación producida por el salario mínimo acabaría por afectar al poder adquisitivo de las personas y por tanto afectaría al consumo; 2) Esto aunado a la disminución operativa del estado, acabaría por empobrecer a las personas, ya que tendríamos por ejemplo medicinas más costosas y menor acceso a la salud pública o alimentos más caros y desaparición de programas sociales. (Vía: Animal Político)
El poder adquisitivo y la calidad de vida de las personas no tiene que ver con pagar menos impuestos; ya vimos que lo hace menos del 50% de la población económicamente activa. El problema es la precariedad laboral y la informalidad, temas que tienen que ver con particulares y no con el gobierno. Se resolvería un problema económico generado por particulares con dinero público; el problema salarial va más allá del nivel del salario mínimo: en México, los salarios no han crecido en proporción a la productividad de los trabajadores; la producción sube, pero no se refleja en los salarios (ni en el pago de impuestos de personas morales).