¿Creyeron que se había terminado el caso Pegasus, ese software israelí que fue utilizado para espiar a periodistas como Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Carlos Loret de Mola, el GIEI, políticos y defensores de derechos humanos? Pues ahora el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar una versión pública del contrato para adquirirlo.
Ésto, señala el comunicado del Instituto, ocurre ante contestaciones y alegatos tras una primera solicitud, donde originalmente se solicitó, respecto al programa, la fecha y hora de intervención de los equipos que “actualmente operan para intervenir teléfonos”, así como el oficio de autorización, la carpeta de investigación, el nombre de los jueces que dieron autorización, contratos de los nuevos equipos utilizados, la solicitud de las empresas de telefonía, casos concretos donde se aprehendió al delincuente o “se haya rescatado a un secuestrado, que ya causaron estado”; y el número de trabajadores que participaron en las intervenciones, áreas que operan, salario y prestaciones.
La PGR respondió que todos los rubros solicitados fueron clasificados. Sólo los puntos sobre las telefonías y los nuevos equipos utilizados fueron otra cosa: en ambos la dependencia manifestó que contaba con cero registros.
“En un contexto democrático es fundamental que el Estado realice las labores de inteligencia a partir de criterios claros para la adquisición de la información, a fin de que tal actividad funcione como un recurso legítimo y eficaz de la política pública en materia de seguridad, en el cual la discrecionalidad quede descartada“, señaló Areli Cano, comisionada del INAI, durante la presentación del caso ante el Pleno del INAI.
El Instituto dijo que únicamente es procedente la clasificación de las especificaciones técnicas y métodos de operatividad de Pegasus, no el contrato en sí. También permanecerá protegida la información de las personas contratadas.
En tanto, la parte de casos que llevaron a detención de delincuentes, se resolvió que la PGR “no está constreñida a contar con un registro con el nivel de desglose solicitado”.
“La transparencia juega un papel importante, pues a partir de los documentos que se harían públicos, las personas estarán en condiciones de conocer información respecto de las herramientas tecnológicas que el Estado mexicano utiliza para desarrollar labores de seguridad, datos como los costos, fechas de contratación, y empresas beneficiadas“, agregó Cano, según el comunicado.
Además de entregar el contrato público y su anexo, la PGR deberá explicar las razones por las cuales no tiene registros de los casos donde se aprehendió a un delincuente o se haya secuestrado a algún secuestrado. También deberá entregar una resolución donde se den a conocer motivos que confirmen la clasificación de los otros puntos.
El año pasado, se reveló que el software, vendido únicamente a gobiernos para combatir al crimen organizado y terroristas, fue utilizado para espiar a diferentes figuras del periodismo, la política y los derechos humanos. El gobierno de Peña Nieto negó haber espiado a periodistas y activistas.
Hace unas semanas, Osorio Chong, en entrevista con Carlos Marín, aseguró que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) nunca fue utilizado para espiar a activistas mexicanos.