Narvarte
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Los familiares de los 5 personas asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal, así como diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, presentaron la Plataforma de Acompañamiento al caso del multihomicidio, con el propósito de orientar la investigación y exigir al Gobierno del Distrito Federal (GDF) resultados con transparencia, claridad y certeza jurídica. El multihomicidio, suscitado hace 100 días, llamó la atención ciudadana por su brutalidad y ensañamiento con que ejecutaron a las víctimas. Diversas organizaciones de Derechos Humanos que consideraban a la ciudad de México como un refugio en de persecución que son cotidianos en muchas partes de nuestro país, denunciaron el poco avance y opacidad en el esclarecimiento del caso.

En conferencia de prensa, familiares del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Dominicque Vera Pérez, así como de Mile Virginia Martín, desde Bogotá, Colombia, en representación también de Yesenia Quiroz Alfaro y Alejandra Negrete Avilés, aseguraron que a 100 días del indignante crimen, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), no ha podido establecer el móvil de los asesinatos ni les ha asegurado el acceso a la justicia.

Familiares y diversas organizaciones denunciaron que las autoridades han dejado de lado líneas de investigación, como los antecedentes de amenazas contra Nadia y Rubén y que fueron denunciadas en su momento. Sin embargo, las autoridades han difundido versiones confusas del caso, como la actividades realizadas por la joven de origen colombiano, Virginia Marín. La Plataforma se constituye como una instancia independiente que no generará material técnico, pero si llamará la atención sobre las líneas de investigación inexploradas que señalan las organizaciones coadyuvantes del caso.

La periodista María del Carmen Aristegui Flores, una de las integrantes de la Plataforma, mencionó que el caso Narvarte es hasta ahora un “acto insostenible de impunidad” e hizo un llamado al Ejecutivo local, Miguel Ángel Mancera Espinosa y al procurador de justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza, a realizar la investigación con transparencia, claridad y compromiso de que se sepa la verdad de las ejecuciones.

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