Según una investigación de Mientras Tanto en México, la distribuidora de alimentos El Sardinero obtuvo contratos por parte del Gobierno Federal mexicano por más de 600 millones de pesos. Asimismo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que dicha empresa camufló dinero de cárteles mexicanos mediante cargamentos de alimentos enviados a Venezuela. Pese a estas acusaciones la empresa sigue operando.
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El Sardinero es una distribuidora de alimentos que opera tanto en México como en Venezuela mediante Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Según Mientras Tanto en México, el dueño de la empresa, Jorge Carlos Fernández, ha sido señalado por delitos relacionados con el lavado de dinero en colusión con el crimen organizado.
Austeridad y lucha vs corrupción: lo logrado a un año de gobierno
La investigación de Sergio Rincón y Alejandro Melgoza, puntualiza que en agosto del presente año en las oficinas de la Policía Federal (PF) se reunieron algunos agentes para protestar por la mala calidad de la comida que les era servida en el comedor o la falta de raciones.
Este hecho causó desconcierto en los investigadores, pues la empresa tiene cuatro adjudicaciones con la Policía Federal por 8 mil millones de pesos mediante la subsidiaria Surtipractic SA de CV, sin que ello se tradujera en calidad alimentaria.
Pero ese no es el único contrato que El Sardinero tiene, pues por parte del Gobierno Federal se generaron contratos por más de 600 millones de pesos. Toda esta información está vertida en los datos de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), apunta el especial de Mientras Tanto en México.
Ante este escenario Sergio Rincón se remontó al 2018 año en que tanto en México como en Venezuela CLAP fue denunciada por vender y distribuir alimentos de mala calidad y con sobreprecios. Asimismo, el Sardinero cerró contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Policía Federal (PF).
“Además de ser multado por inflar precios de productos, lo que provocó el congelamiento de sus cuentas bancarias, también se le acusó por presuntamente intoxicar niños en la Guardería 40 del IMSS en Coyoacán, Ciudad de México”. (Vía: Mientras tanto en México)
Extraordinariamente esos contratos se llevaron a cabo con regularidad, pese a que el 3 de octubre la unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de el Sardinero y otras 18 empresas por presuntas operaciones ilícitas.
La resolución de dicha investigación fue una multa de 3 millones de dólares por haber adquirido productos de mala calidad y, posteriormente, venderlos a sobreprecio, según explica Mientras tanto en México.
De acuerdo a la investigación del medio El Sardinero creó una serie de subsidiarias para concretar cada uno de los contratos antes mencionados y los registrados en el periodo del 2002 al 2018 que registran una cantidad cercana a los 3 mil millones de pesos.
“Ente los clientes predilectos de “El Sar”, se encuentra el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional, asi como en el Estado de México, Nuevo león, Querétaro, Morelos, Coahuila, Quintana Roo e Hidalgo. Así como Pemex, Senasica, Banjercito, PF, Banobras, SEP, ISSSTE, IMSS y algunos gobiernos locales”. (Vía: Mientras tanto en México)
El medio puntualizó que la empresa no se ha librado de señalamientos en este sexenio, pues fue acusada por presuntamente disfrazar dinero de organizaciones criminales mexicanas en cargamentos de alimentos enviados a Venezuela.
¿Cómo se ha combatido la corrupción en México?
Aunque la empresa no fue nombrada directamente en septiembre el diario español ABC publicó el testimonio de un investigador estadounidense quien, a su vez, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro utilizó cargamentos de alimentos enviados desde México, controlados por la empresa El Sardinero, para recibir dinero de carteles y organizaciones criminales mexicanas como pago por envíos de droga de dirigentes chavistas.
Según lo publicado por ABC, estos intercambios se habrían realizado a través de una escala de barcos en Puerto Limón, en Costa Rica en la terminal de la empresa venozolana Alunasa. Mediante esta empresa se recibió el dinero y se redirigió a bancos rusos, específicamente a las cuentas de Diosdado Cabello y Tarek el Aissami.
Pese a los señalamientos y sanciones que la empresa ha recibido, ésta sigue funcionando mediante su subsidiaria Surtipractic SA de CV e inclusive tanto el IMSS como la PF han formado contratos de al menos, 1, 600 millones pesos.
Con información de: Mientras tanto en México