Hace 2 años, las fallas estructurales de una minera, propiedad de Grupo México, provocaron que se derramaran 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre. Las autoridades estatales y federales afirmaron que se multaría a la empresa y se le obligaría a reparar los daños. Aunque la empresa asegura que ha cumplido con lo acordado, los afectados por el “peor desastre ambiental en la industria minera” han decidido tomar acciones legales para exigir la reparación del daño.
En su momento, el derrame de ácido en el río Sonora de una mina operada por Grupo México fue calificado por las autoridades federales lo calificaron como “el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos moderno”. Dos años después, el conflicto entre los pobladores y los responsables no ha sido resuelto, por lo que se han tenido que tomar acciones legales.
Se calcula que el 7 de agosto de 2014 fueron derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el Río Sonora, debido a una falla en las tinajas de la mina Buenavista del Cobre. El derrame afectó a 7 municipios, en los que viven más de 24 mil personas.
La concesionaria de la mina de cobre insiste en que ha cumplido con sus obligaciones de limpieza y que ha pagado las indemnizaciones correspondientes. Pero los habitantes de la zona afirman que las acciones para remediar el daño son insuficientes, pues los daños aún persisten en la región. Por ello, han promovido nuevas acciones colectivas para forzar a la empresa a remediar el daño hecho al medio ambiente y a indemnizar a quienes han sido afectados.
Luis Pérez de Acha, representante legal de los demandantes, informó que se han emprendido una serie de acciones legales para que la empresa se responsabilice del daño hecho a los pobladores y al ecosistema. Una de las demandas colectivas pretende que la empresa repare el daño al medio ambiente, la otra solicita una indemnización individual para cada uno de los afectados , pues, con el derrame tóxico, algunos han perdido cosechas, ganado e, incluso, sus tierras, y a otros les ha afectado a su salud.
“Lo que buscamos es que el juez fuerce a la empresa (Grupo México) a que cumpla esa obligación y en caso de que no se pueda lograr materialmente entonces sí tenga que indemnizar en dinero los daños ocasionados” (Vía Expansión)
El monto de la reparación por los daños aún debe ser determinado por los peritos. Aunque los trabajos de limpieza del río han avanzado un poco, no se les ha puesto la atención suficiente. El abogado de los afectados ha señalado que la solución definitiva a sus demandas podría tomar entre uno y dos años, porque Grupo México no ha mostrado mucha disposición para oír sus demandas.
“Queda clara la intención de Grupo México de no negociar de no reconocer los daños ocasionados y que todo lo va a poder solucionar a través de influencia política, su influencia económica, de su peso empresarial”
Cuando ocurrió este desastre ecológico, el entonces secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal declaró que la indemnización por los daños podría alcanzar “cientos de miles de millones de pesos.” Sin embargo, a la empresa se le impuso, únicamente, una multa de 23.5 millones de pesos. Además, se dispuso de 2 mil millones de pesos para crear un fideicomiso a cargo de Nacional Financiera, con representación de las autoridades y especialistas, para las reparaciones al medio ambiente y las indemnizaciones a los habitantes de la región. Pero, los demandantes y sus abogados cuestionan la manera en que se han destinado este dinero; aseguran que los recursos son insuficientes.
“Han sido paliativos, realmente, si tú vas allá con las personas afectadas, las plantas potabilizadoras, algunas no funcionan, los centros de salud, no han siquiera empezado a construirse y otros no están en operación”
Los pobladores de la zona se han organizado a través de los Comités de Cuenca Río Sonora, por medio de este medio han logrado interponer nueve amparos. Luis Miguel Cano, abogado de los Comités, señala que los pagos del fideicomiso son ridículos; se pagó 400 pesos por cada cabeza de ganado y 10 mil pesos por hectárea de siembra, con un límite máximo de 10 hectáreas por productor, y un pago único por cuestiones relacionadas a la salud. Pero, los daños económicos que dejó este incidente son incuantificables. Además, del fideicomiso de 2 mil millones de pesos, sólo se había gastado el 60%. La empresa podría recuperar el resto del dinero.
“A dos años se nota que la economía de la región está colapsada, no se sabe qué persona está intoxicada con metales pesados, no se cuenta con agua que no esté contaminada”
Southern Copper Corporation, es la empresa de Grupo México que se encarga de operar la mina Buenavista del Cobre. Recientemente, un juzgado federal en Estados Unidos, le ordenó entregar la información de los derrames tóxicos en el río Sonora. Los afectados planean utilizar esta información en los juicios de amparo que han iniciado.
“Que el gobierno haga su trabajo, que vigile a la empresa, que le exija, y que tanto el gobierno como la empresa se hagan responsables. Si las consecuencias negativas de este derrame tardan 20 o 40 años, tienen que hacerse responsables hasta entonces”
Los productores de la región reconocen que se repartieron algunos apoyos, pero la mayoría fueron entregados a gente cercana a los funcionarios estatales y municipales. En gran parte de los casos eran insuficientes para recuperar lo que se perdió a causa del derrame. También, denuncian que las autoridades les han mentido sobre la situación del agua, pues investigadores de la Universidad de Sonora y de otras universidades de Estados Unidos aún han detectado la presencia de metales pesados.