Caso Ayotzinapa y Ley de Seguridad Interior se discuten ante CIDH

A 41 meses de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, una comisión de padres y madres se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá, Colombia. Representantes del Estado mexicano estuvieron presentes para presentar los avances en las investigaciones que, hasta ahora, no han tenido conclusiones satisfactorias para los familiares de las víctimas.

En el 167 periodo de sesiones se abordaron los casos de Ayotzinapa y la Ley de Seguridad Interior. Mario César González Contreras, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, denunció que “para el Estado mexicano son más importantes las elecciones que ayudar a las víctimas a encontrar la verdad”.

“¿Cómo pueden garantizarnos, ahora que su gobierno corrupto y asesino está en elecciones, no tenga la intención de cerrar el caso de los 43 normalistas?”, preguntó.

Los familiares no han recibido respuestas y, en cambio, sufren más agravios por parte del Estado: Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello, murió sin saber qué pasó con él, uno de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. “Falleció por la tortura que significa no conocer el paradero de sus hijos”, denunció Mario Ernesto Patrón Sánchez del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.

Patrón Sánchez declaró que el cronograma implementado por el propio Gobierno ante la CIDH se incumple recurrentemente.

Mientras tanto, el Fiscal Alfredo Higuera, encargado de la investigación del caso Ayotzinapa, dijo tener pruebas con base en la información de los teléfonos que aclaran las razones del crimen contra los 43 estudiantes. Esto a más de tres años de los hechos. Sin embargo, dijo no poder hacerlas públicas.

De acuerdo con la versión oficial, los 43 normalistas fueron asesinados por policías corruptos y miembros del cártel Guerreros Unidos, y más tarde incinerados en un basurero en el municipio de Cocula. No obstante, investigaciones independientes desmontan la versión del Gobierno y revelan que no es “científicamente posible” la incineración de 43 cuerpos. (Vía: Sin Embargo)

Sobre la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso de la Unión y a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Antonio Guevara de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos explicó que “militares y marinos han torturado a 389 personas, desaparecido por la fuerza a 118 y ejecutado sumariamente a 91. La Ley de Seguridad Interior es la concreción normativa de esa política“.

“Respetuosamente solicitamos a esta honorable Comisión Interamericana que haga una visita oficial a México para elaborar un informe sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas al desempeñar tareas de seguridad“, dijo Guevara. “Y segundo, dé trato prioritario a las peticiones individuales de México vinculadas a las violaciones a los derechos humanos por las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana“.

Luis Ernesto Vargas Silva, comisionado de la CIDH, expresó la preocupación de la sociedad civil en México por que la Ley de Seguridad Interior criminalice la protesta social.

Al respecto, representantes del Estado mexicano declararon que “la población no quiere que se vayan las fuerzas armadas, en el caso de México el problema es el crimen organizado“. Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, negó que en México exista criminalización de la protesta social.