Tres ex alcaldes municipales de Oaxaca denunciaron que durante el gobierno de Gabino Cué una empresa privada, cercana a la gente del exgobernador, cobraba moches millonarios en el Estado. Todo esto con la promesa de asignarles más recursos federales para cada localidad.
La empresa en cuestión tiene el nombre de Servicios de Inteligencia en Finanzas, Empresarial y Gubernamental S.C. (Sifeg) y está administrada por Viridiana Manzano Barranco, esposa de Alberto Benítez Tiburcio, secretario de finanzas oaxaqueños en la administración de Cué, que así mismo es hermano de Mariana Benítez, actual diputada federal.
Según los testimonios de estos exfuncionarios, recogidas anónimamente por Reforma, ellos facturaron hasta 50 millones de pesos para esa empresa por consultorías y después por obras que se hicieron por empresas de la misma consultora (negociazo redondo).
También indicaron que esta empresa tenía el conocimiento exacto de cuántos recursos se asignaban a cada municipio y a partir de eso condicionaba el moche, amenazando con reducirles el presupuesto si es que se negaban a cooperar en esas operaciones.
Así mismo, como ellos tenían conocimiento de los montos, les aseguraban que les iban a asignar un presupuesto mayor, aunque este había sido aprobado por Hacienda desde antes, en los mismos términos y cantidades… por lo que era una gran estafa, de la que no se podían zafar los alcaldes, que aseguran que aceptaron por temor a que se les bloquearan los recursos.
El caso avanzará y el temor de los exalcaldes sigue latente por el resultado que puedan tener las auditorías para determinar la culpabilidad de los implicados, desde el gobernador, los dueños y socios de la empresa y, por supuesto, ellos mismos que formaron parte del círculo que entorpeció e intervino los recursos municipales.
La práctica de los moches es bien conocido en la vida política mexicana. Son muchos los que buscan los contratos y licitaciones que otorgan los gobiernos estatales y municipales y, también, muchos los que buscan que empresas cercanas a ellos, amigos y familiares las ganen.
El caso oaxaqueño se sumará a los que actualmente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lleva contra funcionarios, secretarios de Estado, gobernadores, alcaldes y hasta candidatos presidenciales. Sin embargo, se debe cuidar que estos procesos se lleven y revisen de la forma adecuada, para no hacer en todos ellos un Ricardo Anaya, pero que tampoco terminen siendo tan débiles e inconsistentes como las audiencias de la PGR contra Javier Duarte.
Con información de Reforma
