Estadísticas de criminalidad en los estados: maquillaje y omisiones

Las estadísticas de criminalidad abarcan todos los delitos cometidos en un estado durante un tiempo determinado. Éstas permiten, en teoría, que los gobernantes y sus administraciones determinen los procesos y mecanismos a seguir para enfrentar un alza en, por ejemplo, feminicidios, secuestros o extorsiones. Estas estadísticas, al ser públicas, también afectan la “imagen” de un estado: a mayor inseguridad, es seguro que las inversiones, el turismo y los apoyos federales bajen. México Evalúa, un centro de análisis que evalúa y “prueba” las políticas públicas, ha reportado que, de 96 gobiernos estatales, por lo menos 31 han “maquillado” sus estadísticas de criminalidad, lo que deja no sólo a los estados (y sus habitantes) sin medidas certeras para contrarrestar la violencia, sino que, también, bloquea a los familiares y a las víctimas de obtener justicia. (Vía: Animal político)

2016 fue, como ya te lo hemos informado en varias notas, el año más violento de la administración de Enrique Peña Nieto. Delitos comunes, como el robo o la extorsión, se incrementaron, pero crímenes de alto impacto, como el secuestro, homicidio y feminicidios se dispararon en niveles que no se veían desde los momentos más sangrientos de la administración de Felipe Calderón. Las causas para este incremento son múltiples: desde la extradición o la muerte de varios capos hasta la inestabilidad económica que marcó al año completo.

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El análisis de México Evalúa revisa no sólo 2016, sino varios años (yendo hasta 2005 en algunos estados). Este “maquillaje” de las estadísticas se da a través de volver a “definir” ciertos crímenes, por ejemplo, el caso de los homicidios dolosos (intencionales) y culposos (accidentales). Colocar ciertas muertes como “accidentales”, reduce las estadísticas globales y permite que, cuando un gobernador de un informe de la baja de asesinatos, técnicamente -según las cifras oficiales- no mienta. (Vía: México Evalúa)

Delitos como la extorsión, el secuestro y el feminicidio pasan por procesos semejantes: la extorsión se vuelve “amenaza”, el secuestro, “plagio”, y el feminicidio, “homicidio”: sin crímenes de alto impacto, sin responsabilidad directa de los gobernadores y de sus gobiernos para enfrentar coordinadamente esas mismas estadísticas, todo funciona sin problemas.

Diseñar soluciones eficaces de #seguridad requiere estadísticas delictivas veraces ¿las tenemos? Va nuestro análisis https://t.co/MUkJMZNnnx pic.twitter.com/Byn6L78L6r

— México Evalúa (@mexevalua) 23 de febrero de 2017

A veces (muchas veces), los gobiernos estatales no usan mecanismos complejos para maquillar sus cifras: Animal Político ha reportado en varias ocasiones cómo las procuradurías estatales se “olvidan” de reportar crímenes al Instituto Nacional de Estadística y Geografía: en 2015, Michoacán borró 400 delitos de alto impacto de sus estadísticas de 2014 y cómo Veracruz hizo lo mismo con 299 homicidios en 2013. (Vía: Animal Político)

Si las cifras oficiales están en constante “cambio”, si las definiciones de los crímenes son inestables por decisiones directas de las autoridades: ¿sigue sin ser su responsabilidad si algo falla?