Estadísticas de criminalidad en los estados: maquillaje y omisiones

Las estadísticas de criminalidad abarcan todos los delitos cometidos en un estado durante un tiempo determinado. Éstas permiten, en teoría, que los gobernantes y sus administraciones determinen los procesos y mecanismos a seguir para enfrentar un alza en, por ejemplo, feminicidios, secuestros o extorsiones. Estas estadísticas, al ser públicas, también afectan la “imagen” de un estado: a mayor inseguridad, es seguro que las inversiones, el turismo y los apoyos federales bajen. México Evalúa, un centro de análisis que evalúa y “prueba” las políticas públicas, ha reportado que, de 96 gobiernos estatales, por lo menos 31 han “maquillado” sus estadísticas de criminalidad, lo que deja no sólo a los estados (y sus habitantes) sin medidas certeras para contrarrestar la violencia, sino que, también, bloquea a los familiares y a las víctimas de obtener justicia. (Vía: Animal político)

2016 fue, como ya te lo hemos informado en varias notas, el año más violento de la administración de Enrique Peña Nieto. Delitos comunes, como el robo o la extorsión, se incrementaron, pero crímenes de alto impacto, como el secuestro, homicidio y feminicidios se dispararon en niveles que no se veían desde los momentos más sangrientos de la administración de Felipe Calderón. Las causas para este incremento son múltiples: desde la extradición o la muerte de varios capos hasta la inestabilidad económica que marcó al año completo.

 

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El análisis de México Evalúa revisa no sólo 2016, sino varios años (yendo hasta 2005 en algunos estados). Este “maquillaje” de las estadísticas se da a través de volver a “definir” ciertos crímenes, por ejemplo, el caso de los homicidios dolosos (intencionales) y culposos (accidentales). Colocar ciertas muertes como “accidentales”, reduce las estadísticas globales y permite que, cuando un gobernador de un informe de la baja de asesinatos, técnicamente -según las cifras oficiales- no mienta. (Vía: México Evalúa)

Delitos como la extorsión, el secuestro y el feminicidio pasan por procesos semejantes: la extorsión se vuelve “amenaza”, el secuestro, “plagio”, y el feminicidio, “homicidio”: sin crímenes de alto impacto, sin responsabilidad directa de los gobernadores y de sus gobiernos para enfrentar coordinadamente esas mismas estadísticas, todo funciona sin problemas.

 

A veces (muchas veces), los gobiernos estatales no usan mecanismos complejos para maquillar sus cifrasAnimal Político ha reportado en varias ocasiones cómo las procuradurías estatales se “olvidan” de reportar crímenes al Instituto Nacional de Estadística y Geografía: en 2015, Michoacán borró 400 delitos de alto impacto de sus estadísticas de 2014 y cómo Veracruz hizo lo mismo con 299 homicidios en 2013. (Vía: Animal Político)

Si las cifras oficiales están en constante “cambio”, si las definiciones de los crímenes son inestables por decisiones directas de las autoridades: ¿sigue sin ser su responsabilidad si algo falla?