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Se anunció la Ley Ingrid en contra de la filtración de imágenes

Esta sanción se aplicara en cualquier acontecimiento que sea calificado como un delito
Se anunció la Ley Ingrid en contra de la filtración de imágenes (Imagen: El Universal)

Ayer por la noche se anunció la Ley Ingrid para castigar la filtración de imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite. Según lo propuesto por la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy,  los infractores podrían pagar una condena desde ocho años en prisión.

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La Fiscal Genera de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presento y anunció una iniciativa ante el Congreso capitalino para establecer el artículo 293 Quater cuyo propósito es sancionar a los servidores públicos que filtres imágenes, datos, información y archivos de una carpeta de investigación en proceso.

Esta iniciativa fue entregada a miembros de la Mesa Directiva y de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso capitalino, después la serie de protestas por parte de colectivas feministas y manifestantes que manifestaron en contra de la filtración de imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla y la confesión de su presunto feminicida identificado como Erick “N”. En el docuemtno entregado se estipuló:

“…establece que el servidor público que indebidamente difunda imágenes, videos o documentos del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con un hecho que la ley señala como un delito, se le castigará con prisión de dos a ocho años y una multa de entre 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos“. (Vía: El Universal)

No sólo se abarca la filtración de imágenes, sino de audios, videos de cadáveres, partes del cuerpo e inclusive circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud y en cada una de estas filtraciones las penas se incrementarán una tercera parte.

En caso de filtrar información de mujeres, niñas o adolescentes las pernas podrían levarse hasta 12 años d prisión. Si el servidor fuera policía o integrante de un cuerpo de seguridad, la pena podría elevarse hasta 16 años de prisión. 

Con información de: El Universal