Honduras, El Salvador, Guatemala: como vivir bajo asedio

Los miles de exiliados que atraviesan nuestro país para llegar a los Estados Unidos huyen de condiciones de guerra, aunque las autoridades se nieguen a llamarlo así. Un artículo de Peter Kronish
Detenidos pertenecientes a M-13 en cárcel de San Salvador. (Imagen: Reuters)

Mientras miles de personas siguen huyendo de la violencia en Guatemala, El Salvador, y Honduras, los gobiernos de estos países socavan esfuerzos de la comunidad internacional que pueden ayudar a recuperar el territorio que han perdido ante las pandillas, lo que ha llevado a una situación similar a la de un asedio.

Así lo asegura José Miguel Cruz, director de investigaciones en el Centro Latinoamericano y Caribeño del Universidad Internacional de Florida.

En los últimos años, el Triángulo del Norte –compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras– ha tenido las tasas de homicidios más altas del mundo, superadas solo por Siria e Irak, pese a la inversión en fuerzas armadas y de seguridad en esos países por parte de EE.UU. y miembros de la OEA.

Sin embargo, la situación de violencia en esta región no es considerada oficialmente un conflicto armado por la comunidad internacional, sino un problema de crimen organizado. Pero las investigaciones de Cruz han descubierto una realidad en que los autoridades tiene un control poco convincente de su país.

“Estos gobiernos no pueden manejar a sus países en muchos casos. En Guatemala y Honduras, particularmente, entre 50 y 60 por ciento de la población dicen que nadie, nadie, protege sus comunidades, ni el Estado, ni la policía, ni los militares, ni las cortes… Nadie,” puntualizó Cruz.

Mapa de tasa de homicidios, Oficina contra Drogas y Delincuencia, ONU (Imagen: Banco Mundial)

Una región olvidada en violencia y corrupción

Las pandillas MS-13 y Barrio 18, las más peligrosas de la región, se mantienen gracias a una presencia débil de las autoridades para extorsionar a los habitantes y traficar drogas. Pero esta falta de presencia estatal tampoco es un accidente, según el director.

“Los gobiernos no pueden proteger ni proveer seguridad. Y no pueden, en mi opinión, en gran parte porque no quieren. Los gobiernos básicamente se centran en los privilegiados, en unas comunidades pequeñas y ricas y dejan el resto del país solo”.

Las autoridades ignoran estas comunidades por corrupción, dijo Cruz, nombrando los jefes de la policía nacional, miembros de congreso, y familiares de presidentes que han sido declarados culpables por colaborar con pandillas. Mucho de los fondos que vienen de las ONGs o de la comunidad internacional, según apuntan sus investigaciones, son desviados por miembros del gobierno.  

Miembros de la M-13 en cárcel de San Pedro Sula (Fotografía: Flickr)

La ONU también ha encontrado evidencias por robo al erario. El Reporte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Honduras menciona que la ONU “inició investigaciones contra 38 individuos con posiciones destacadas, incluso miembros del congreso y ex ministros, por malversación de fondos públicos”.

Pero los esfuerzos de la comunidad internacional para ayudar con la justicia han sido frustrados por el mismo gobierno hondureño, mismo que invitó al ACNUDH en 2018.

Desde entonces, el congreso ha intentado limitar los poderes de organizaciones presentes en Honduras. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la OEA dijo en su reporte más reciente que las reformas fiscales de ese gobierno fueron un intento para impedir investigaciones.

“Parte de esas reformas socavan las funciones de supervisión de la Alta Corte de Auditores y la autonomía de la oficina del Procurador General”, señala el documento.

 

‘Como estar bajo asedio’

El abandono del pueblo por parte del gobierno ha convertido la región en una zona azotada. Los niveles de impunidad y violencia con que operan las pandillas son tan graves que la Academia de Ginebra para el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos reportó que, a pesar de la violencia, El Salvador no está considerado como una nación en conflicto armado guerra.

Sin embargo, Cruz comparó la situación de ahora con la de los años 70 y 80, cuando la región estaba consumida por guerras civiles. En el pasado no se vivía igual:

“Debes pensar en esta [violencia] como estar bajo asedio… Te dirán –especialmente aquellos que sobrevivieron– que se estaba más seguro durante la guerra civil que ahora, pues durante la guerra, si no te involucrabas con la política y no tomabas partido, uno podía estar más o menos seguro. [Ahora] aunque no te involucres en la política, aunque (sólo) te ocupes de tus asuntos, puedes ser víctima”, dijo Cruz.

Centroamericanos se entregan a autoridades para iniciar proceso de asilo (Fotografía: Peter Kronish)

Aunque son los pobres los que sufren, dice el investigador, la respuesta de los problemas de violencia y pobreza tienen que involucrar a las élites del Triángulo del Norte, no sólo los esfuerzos internacionales, que son insuficientes. Comparó la situación con la estrategia usada para reducir la violencia en Colombia durante los años 2000.

“Las élites centroamericanas no han invertido para encontrar soluciones de la misma manera que los colombianos con el Plan Colombia… Todos los programas de prevención están financiados por EE.UU. o por cooperación internacional. El gobierno no hace absolutamente nada en términos de prevención ni de crear condiciones sociales para arreglar los problemas. Los únicos programas del gobierno están basadas en el uso de fuerza.”

Pero, mientras se espera a un compromiso del gobierno, la gente de esta región está cayendo cada vez más en la desesperación. Desde octubre del año pasado, han huido miles de personas de esta región para escapar de la situación.

Apenas el mes pasado, Estados Unidos registró la llegada de más de 100 mil refugiados en sus fronteras, la mayoría provenientes de la región centroamericana. (Vía: AP)

Esto ha generado una actitud más agresiva por parte del presidente Trump. Apenas la semana pasada, el ejecutivo de Estados Unidos amenazó a México con imponer tarifas a todas las exportaciones nacionales, por lo que el gobierno de López Obrador se vio obligado a reforzar la frontera con Guatemala y entablar negociaciones con la administración estadounidense. (Vía: Washington Examiner)

por Peter Kronish