El exprocurador, Jesús Murillo Karam, fue vinculado a proceso tras determinarse que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa se trató de un crimen de Estado. Sin embargo, hay otros cinco altos mandos que deberían compartir responsabilidad en el caso.
Lo anterior, de acuerdo a las declaraciones de los legisladores Gerardo Fernández Noroña y Emilio Álvarez Icaza, quienes afirman que Jesús Murillo Karam no es el único responsable en la construcción de la llamada Verdad Histórica de lo que pasó en 2014.
Por ello, en la sesión de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados declararon y estuvieron de acuerdo en que la investigación del caso debería apuntar hacia las acciones de otros altos mandos al momento de la desaparición de los estudiantes, por tratarse de un crimen de Estado.

Investigación de altos mandos
Tanto Noroña como Icaza sostuvieron que las indagatorias deben redirigirse hacia las acciones de Tomás Zerón, quien se desempeñó como director de la extinta Agencia de Investigación Criminal. Y quien es acusado de sembrar evidencias y practicar tortura para obtener declaraciones falsas sobre el caso.
Así mismo, al almirante Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario almirante de la Marina y el jefe de la zona naval de Acapulco al momento de ocurrir la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero.
El general Salvador Cienfuegos, quien se desarrolló como secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto quien, de acuerdo a los legisladores, también debe enfrentar un proceso penal por este caso.

Y, por último, se mencionó la responsabilidad que recayó sobre la suplente de Murillo Karam al frente de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, quien lideró la dependencia una vez que Jesús Murillo desertó.
Caso Ayotzinapa
La opinión de los legisladores, expresada en la sesión de la Cámara de Diputados el pasado 24 de agosto, cobró relevancia luego de que se vinculó a proceso al exprocurador Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa.
En el diálogo producido por ambos legisladores también se destacó que la investigación sobre la desaparición forzada de los normalistas aún no está cerrada. Por lo que compete al sistema judicial efectuar las indagatorias correspondientes.

Aunque, al término de su participación en la Cámara de Diputados, ambos concluyeron que están de acuerdo en los cinco altos mandos que también deberían ser procesados por el caso Ayotzinapa, clasificado como crimen de Estado.
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