La ley de Sociedades Civiles de Convivencia en el estado de Campeche contempla un contrato para que personas de diferente o del mismo sexo establezcan un domicilio en común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua. Sin embargo, la misma ley prohíbe que las personas involucradas adopten o ejerzan la patria potestad, lo cual, sin lugar a dudas, resulta discriminatorio.

La ministra Margarita Luna Ramos llevó la iniciativa de derogar esta ley al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se considera discriminatoria. Específicamente la ministra se refirió a la invalidez del artículo 19 de dicha ley:

“Porque al prohibir a los conviventes realizar adopciones en forma conjunta o individual, así como compartir o encomendar la patria potestad o guardia y custodia de los hijos menores a otro, resulta ser discriminatorio”

La Comisión de Derechos Humanos previamente había promovido una acción de inconstitucionalidad, pues la ley de Sociedades Civiles de Convivencia viola el derecho a la no discriminación y a la protección de la organización y desarrollo de la familia; contemplados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De darle seguimiento a esta iniciativa, los homosexuales podrán adoptar en Campeche, algo que con la ley actual es imposible.