Ordenan detención de 10 personas vinculadas al matrimonio Gómez Mont y Álvarez Puga

El funcionario de mayor jerarquía es Eduardo Guerrero Durán, ex responsable de los centros penitenciarios del estado de Chihuahua. 
Foto: Instagram @inesgomezmont

Un juez ordenó la detención de diez personas vinculadas al caso de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga por el desvío de tres mil millones de pesos.

Uno de los implicados es el ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención  y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán, así como nueve personas más.

La orden de captura fue instruida por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al penal del Altiplano en el Estado de México, Iván Aarón Zeferín Hernández, informó Milenio.

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La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al matrimonio Gómez Mont – Álvarez Puga, así como los diez implicados, de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al esposo de la conductora y actriz Inés Gómez Mont, también lo acusan de peculado.

Ordenan la detención de otros ex servidores públicos, vinculados con el caso Gómez Mont-Álvarez Puga

La FGR detalló que los ex servidores públicos, inocentes hasta demostrar lo contrario, son el ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS, Jorge Arnaldo Nava López.

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También se busca al ex director general de Desarrollo Tecnológico, Jesús Gabriel Pérez, así como al ex responsable de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS, Emmanuel Castillo Ruíz, y los ex funcionarios Héctor Oswaldo Zorrilla y Yareli Eunice Delgado.

El funcionario de mayor jerarquía es Eduardo Guerrero Durán, ex responsable de los centros penitenciarios del estado de Chihuahua.

La lista se completa por Paulo Uribe Arriaga, ex director General de Administración, así como de José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras.

Foto: Instagram @inesgomezmont

La FGR descubrió que empresas bajo el control de Álvarez Puga desviaron los 3 mil millones de pesos, tras la adquisición de diversos contratos para equipar los diversos penales federales.

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