Desde hace meses, el gobierno federal, varios gobiernos estatales y prácticamente todos los partidos políticos tienen una querella con el Instituto Nacional Electoral (INE), a raíz de las prohibiciones contra la publicidad de gobierno y contra las dádivas durante las campañas electorales.
Dicho conflicto con el INE fue llevado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que partidos y gobiernos argumentan que el órgano electoral con esa prohibición extralimita sus funciones constitucionales y además, en el caso de los gobiernos, viola el derecho a la libre expresión, así como el derecho a la información de la ciudadanía.
Respecto a la entrega de dádivas, como tarjetas o monederos electrónicos, los partidos, sobre todo el PRI y el PVEM, señalaron que no pueden ser prohibidas porque no se encuentra contemplado en la ley vigente.
Pues resulta que el TEPJF terminó por darle la razón a los partidos y determinó que en efecto el INE no tiene la capacidad constitucional de modificar ningún reglamento y por lo tanto, no puede prohibir el uso de tarjetas durante las campañas electorales.
Recordemos que después de las elecciones intermedias de este año, el INE prohibió la entrega de tarjetas después de que el PRI repartió “tarjetas rosas” durante sus campañas por la gubernatura del Estado de México y de Coahuila.
La sala superior del máximo tribunal electoral expresó que: “las erogaciones en materia de propaganda que contravengan la prohibición del mencionado artículo 209 (de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), deben computarse como gasto de campaña para efectos de determinar un eventual rebase al tope de gastos de campaña, y no como una erogación, sin objeto partidista ni vinculado a actividades para la obtención de apoyo ciudadano o voto, como lo consignó el INE en el Reglamento”.
En ese sentido, el TEPJF está validando estrategias electorales basadas en la entrega de dádivas provenientes de dinero público para influir en el voto, es decir, están legitimando tanto el uso político de programas sociales como una modalidad de compra de votos. (Vía: Excélsior)