Mientras Senado revisa Ley de Seguridad Interior, manifestantes dicen que representa ‘dictadura militar’

“Se suspenden derechos y garantías y seguimos sin entender lo que es suspender derechos y garantías. Es gravísimo. Eso es monstruoso. Es una dictadura militar. Puede parecer exagerado, pero eso es lo que representa.” Esas son las palabras del ex diputado Gerardo Fernández Noroña afuera de la Cámara de Senadores, donde los legisladores revisarán la Ley de Seguridad Interior.

El político, quien estuvo entre los cientos de ciudadanos en la sede de la Cámara alta y otras figuras como el padre Solalinde y Genaro Villamil, acusa que esta legislación es una hipocresía, pues pretende legalizar la presencia del Ejército en las calles cuando los militares ya llevan 11 años afuera.

Julia Klug, de 65 años, acusa que la ley no es de seguridad, sino una guerra contra la ciudadanía. Klug viene de Guatemala, pero acusa que el Gobierno asesinó a su hijo como represalia por su activismo.

“Estoy en desacuerdo con esta Ley de Seguridad Interior, que va a ser violatoria de nuestras garantías individuales y nuestros derechos humanos”, señaló Klug.

Otros ciudadanos presentes afuera del recinto legislativo señalan que en todo caso en lo que se debería de trabajar es para que se eduque, se entrene y prepare a la Policía en los distintos niveles, pues a las Fuerzas Armadas no se les da instrucción para cumplir labores de investigación o seguridad.

Noroña pide que se detenga la ley y que se revise cuánta gente ha muerto a causa de los militares, las cuales han sido etiquetadas como “daños colaterales”. Animal Político reveló que en lo que va del sexenio no se ha querido mostrar el número de muertes de civiles a manos del Ejército. Señalan, por ejemplo, que las 22 muertes del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, no aparecen en las cifras que consiguieron a través de transparencia.

La Ley de Seguridad Interior plantea la regulación del papel de las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Pública. Entre los artículos de la iniciativa se contempla que los militares cumplan funciones de la Policía cuando las autoridades locales queden rebasadas por el crimen. El Presidente es quien determinaría si se despliegan a los militares. Otro punto contemplado por el proyecto es que los militares recaben inteligencia para combatir a la delincuencia.

La iniciativa es una propuesta impulsada por políticos como el priista César Camacho. En el Senado, las bancadas del tricolor, el Partido Verde Ecologista de México y los llamados rebeldes panistas apoyan la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Los que se oponen son los de Morena, Movimiento Ciudadano, el PT, el PRD y otra facción del PAN. Si el dictamen se aprueba, pasaría al Ejecutivo y ya Peña Nieto se encargaría de revisarla y, de parecerle bien, la pasaría para que entre en vigor.