Rubén Pat Cahuich, periodista y director del semanario Playa News, fue asesinado la madrugada del martes 25 cuando salía de un bar en Playa del Carmen, Quintana Roo. Pat estaba protegido, supuestamente, por el Programa de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación federal.
Playa News, medio del que Pat era director, se especializaba en noticias regionales y nota roja de Cancún, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto. Hace poco más de dos meses, había publicado información que presuntamente relacionaba al crimen organizado con funcionarios del municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Un mes después, el 25 de junio, de acuerdo a un comunicado publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Rubén Pat y José Guadalupe Chan Dzib habían sido detenidos irregularmente, amenazados y torturados por la policía municipal de Solidaridad.
Tras lo ocurrido, tanto Pat como Chan solicitaron protección de las autoridades federales pero no recibieron respuesta. El 29 de junio en la madrugada y dentro de un bar, un comando asesinó a José Guadalupe Chan. Entonces, ONU-DH también lanzó una condena:
“La ONU-DH obtuvo información de que el Sr. Chan Dzib había recibido amenazas en su contra durante las últimas semanas y que lo habría comunicado a las autoridades sin que se hubieran adoptado medidas de protección” (Vía: Animal Político)
El asesinato de Chan no ha sido resuelto, pero sirvió para que su compañero tuviera ‘protección’ de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, al parecer no fue suficiente.
En ese sentido, la evidente falla del Mecanismo para proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos amenazados es una alerta grave: ¿de qué sirve acudir a las autoridades si son ellas mismas las que fallan?
De acuerdo a ONU-DH, en 2018 han sido asesinados ocho periodistas, además de uno que se encuentra desaparecido desde enero.
