Policía sí fue responsable de desaparición de Marco Antonio en 2018

Tras un recurso de revisión, las autoridades capitalinas fallaron a favor de la víctima
Tribunal Federal declara como desaparición forzada el caso de Marco Antonio. Imagen: Especial

El caso de Marco Antonio, estudiante de la Prepa 8 de la UNAM fue determinado como un delito de desaparición forzada por un tribunal federal. Su desaparición se dio en enero de 2018 luego de que policías lo detuvieron acusado de robar un celular y desapareciera por cinco días.

El tribunal que determinó el suceso como desaparición forzada, aseguró que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal de los familiares por la vía de investigaciones efectivas.

Mientras tanto, la familia de Marco Antonio esta sujeta a acceder a una reparación integral y una indemnización justa por la violación de derechos humanos de la que fueron víctimas.

Así, en la sentencia a los policías Hubel Mora Gallardo, Ricardo Flores Trejo, Martín Jesús Martínez González y Juan de la Rosa Guzmán de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se ordenó a los elementos no acudir a donde habitan, trabajan, estudian o realizan sus actividades cotidianas el menor y su familia.

Se les agregó también una orden para asistir a un curso de capacitación sobre derechos humanos.

El joven, que estuvo desaparecido cinco días, se encontraba con un amigo en la terminal del Metrobús Rosario cuando los policías mencionados se acercaron y lo detuvieron sin ponerlo a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

Por su desaparición la PGJ abrió una carpeta de investigación por los delitos de extraviado y ausente. Poco después, Marco fue hallado en el Estado de México en condiciones físicas y mentales vulnerables por lo que fue remitido a recibir atención psiquiátrica.

Los padres del afectado promovieron un amparo para demandar que el caso fuera investigado por motivo de desaparición forzada, por lo que Alfredo Buendía Rodríguez, secretario de juzgado y encargado de despacho, concedió el amparo a la familia de Marco Antonio en enero de 2019.

“Los datos que le proporcionaron (a la familia) indicaban que se desconocía el paradero del adolescente después de su detención por policías de seguridad pública de esta localidad y según informes lo habían liberado, pero no se tenía conocimiento del lugar en dónde ocurrió tal hecho y menos las condiciones en que se efectuó, lo que debió advertir que era irregular por no apegarse a la normativa señalada”, comentó.

A la resolución del caso se agregó que las autoridades que conocieron del suceso consideraron que tenían elementos “razonables” para sospechar que se trataba de una desaparición forzada.

“Por tanto, con independencia de que no se formulara denuncia, estaba obligada a iniciar una investigación del caso de manera oficiosa, sin dilación, de una manera seria, imparcial y efectiva, conforme a las disposiciones convencionales señaladas y el criterio de la Corte Interamericana, el que es obligatorio por todas las autoridades. Pero ello no lo cumplió”, enfatiza el resolutivo.

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Finalmente, las autoridades capitalinas interpusieron un recurso de revisión y sobre el mismo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal falló a favor de Marco Antonio.

Con información de: Milenio.