ONGs piden a EE.UU. no dar más dinero a Sedena

¿Es necesario que los militares reciban más dinero para ‘combatir el crimen’? Para muchos la respuesta es un rotundo no, sobre todo si se toman en cuenta las acusaciones en su contra por violar derechos humanos.

La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) envió un memorando al Departamento de Estado de Estados Unidos en el que señala que EU no debe destinar “fondos específicamente apartados” para militares mexicanos pues nuestro país no cumplió los requisitos exigidos en materia de derechos humanos.

Esta petición esta respaldada por organizaciones de derechos humanos internacionales y de nuestro país, como Amnistía Internacional, el Centro Prodh, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Fundar, entre otras. (Vía: Aristegui Noticias)

Tomando en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de certificar que en México hay progreso en estos temas“, señala el documento que consultar aquí.

El departamento de Estado tienen hasta el 30 de setiembre para reportar al Congreso de Estados Unidos si México ha cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos.

“Una vez más el gobierno mexicano no ha mostrado voluntad política para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, ni para investigar y castigar los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de seguridad”,  declaró Maureen Meyer, Coordinadora del Programa de México y Derechos de los migrantes. (Vías: Sin Embargo)

WOLA señala los cuatro requisitos que México debe cumplir para recibir la asistencia de EE.UU., además expone las razones que demuestran que no cumplió con proteger los derechos humanos de los ciudadanos. 

1-. El gobierno mexicano debe investigar de manera exhaustiva en  tribunales civiles la violaciones a los derechos humanos.

Esto incluye el caso de Tlatlaya donde soldados mexicanos ejecutaron a 22 civiles. Sobre este caso, las autoridades mexicanas no han obtenido órdenes de aprehensión contra los soldados implicados.

Además, no ha habido condenas en casos de violaciones y abusos sexuales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, por esta razón la visitas se ven obligadas a llevar sus casos a la Corte Internacional de Derechos Humanos. 

Sobre el papel de la PGR, se señala que sus investigaciones contra militares son lentas, burocráticas y no son transparentes, además de que la Procuraduría no investiga la cadena de mando, por lo que no toma en cuenta que los delitos cometidos suelen ocurrir cuando los soldados están cumpliendo órdenes militares. 

2-.  Cumplir con la prohibición del uso de testimonios obtenidos a través de la tortura.

Aunque la CNDH y la PGR han recibido miles de denuncias de tortura, entre 2012 y 2016 los agentes del ministerio público presentaron cargos en sólo 22 casos. 

3.-  Búsqueda efectiva de las víctimas de desapariciones forzadas.

Los recientes descubrimientos por un colectivo de familiares de desaparecidos de varias fosas comunes ponen de manifiesto la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para buscar y exhumar cuerpos, identificarlos y regresarlos a sus familias.

4-. Cooperación con el GIEI en el caso Ayotzinapa

El GIEI refutó con pruebas científicas la hipótesis del gobierno federal sobre lo que sucedió en la noche de la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, funcionarios mexicanos aún insisten en que esta teoría debe ser considerada.

¿Será que nuestro gobierno y la Sedena puedan cumplir con los requisitos exigidos? ¿O les ganará la desidia moral? La moneda está en el aire.