Vuelven a irrumpir policías en San Francisco Xochicuautla

Esta acciones se llevan a cabo a pesar de que la comunidad de Xochicuautla ganó los amparos que ordenaban la suspensión de la autopista.
Xochicuautla

El día de ayer, aproximadamente ochocientos granaderos y personal del gobierno estatal mexiquense violentaron las tierras comunitarias de San Francisco Xochicuautla y protegieron los trabajos de derribo de viviendas realizados por Grupo Higa, propiedad, como ya hemos mencionado, de Juan Armando Hinojosa Cantú, quien tal pareciera ser el contratista favorito del presidente Enrique Peña Nieto.

Esta acciones se esta llevando a pesar de que la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla ganó los amparos que ordenaban la suspensión definitiva de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan. Aún así, el día de hoy se reportó nuevamente la presencia de granaderos y un ambiente de tensión.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), manifestó que el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) condenó los ataques, que incluyeron que una persona, beneficiaria del Mecanismo de protección a activistas y periodistas, fuera agredida y despojada del botón de pánico otorgado por ese mecanismo.

El FLEPS ha reiterado que la comunidad se ha resistido pacíficamente al despojo de sus tierras y sostuvo que este tipo de acciones evidencian un acto de uso desproporcionado de la fuerza y una clara afrenta a la legalidad por parte de las autoridades.

El Frente también manifestó que la comunidad espera dentro de la ermita o templo sagrado, resistiendo mientras que el alto mando de las Naciones Unidas en Conjunto con Derechos Humanos esperan llamada de Gobernación para evitar la demolición.

Asimismo, los representantes comunales explicaron que la irrupción violenta la suspensión definitiva de la obra dictada los días 11 y 18 de febrero por el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.

En la incursión de ayer fueron heridos decenas de comuneros, entre ellos algunos ancianos, como Isabel Bernaldez, de entre 78 y 80 años, integrante del Consejo Supremo, a quien los policías arrastraron. Además no hubo ninguna notificación a los propietarios de las casas demolidas ni se les permitió extraer sus pertenencias y documentos.

Cabe mencionar que la carretera de pago, concesionada al ya polémico Grupo Higa, afectará una porción de 22 kilómetros de bosque por más de 100 metros de ancho, que dificultará a los habitantes del lugar el libre tránsito, la recolección de alimentos y leña y el peregrinaje a sus lugares sagrados. Además, el bosque Otomí-Mexica es área natural protegida y santuario del agua de la subcuenca del Río San Lorenzo.

Ya aunque la comunidad indígenas ya había logró anular las asambleas que permitieron la venta y expropiación de algunas parcelas, la fuerza pública ha hecho presencia en el lugar para proteger la ilegal tala de árboles hecha por los trabajadores de la empresa.