Muchas de las armas que llegan a los cárteles de la droga mexicanos provienen de Estados Unidos, el poco control sobre estas ha producido que las armas se muevan con facilidad a través de las fronteras. Al parecer lo que no han entendido las autoridades de ambos países es que el problema del narcotráfico es altamente complejo, no se trata de los simplismos que afirman que el problema es exclusivo de México por ser el productor de drogas, no, el problema es también de los estadounidenses, de su mercado de alta demanda que dota de recursos millonarios a las organizaciones criminales.
Pero los cárteles no solo obtienen recursos económicos, en realidad también obtienen infraestructura de última generación proveniente de los Estados Unidos, sobre todo armamento, lo cual les permite enfrentar a las fuerzas de seguridad mexicanas de manera frontal. En ese sentido, respecto al tráfico ilegal de armas, las agencias de seguridad estadounidenses y mexicanas han dejado mucho que desear, han tenido operativos fallidos como “Rápido y furioso” el cual resultó un verdadero desastre, ya que proveyó de armas de alto poder a grandes cárteles mexicanos.
Resulta hilarante que en México existan tantas regulaciones sobre armas, pero que al mismo tiempo haya un tráfico tan amplio de armamento ilegal, la ley en ese sentido es letra muerta, ya que si van a haber controles estrictos, estos deben estar acompañados de acciones concretas y políticas eficientes para controlar la portación de armas de fuego. Pero no solo son los cárteles los que reproducen el tráfico de armas, también son los particulares y organizaciones sociales como las autodefensas, las cuales, a pesar de ser un símbolo de la lucha popular resulta sospechoso que el grueso de sus integrantes porten armas calificadas como de uso exclusivo del ejército, tales como AK-47, M-16 o AR-15.
En relación a este tema, en días pasados, Julián Prezas, sargento del ejército estadounidense se declaró culpable unte un juez por haber colaborado en 2015 con cárteles mexicanos, específicamente el Cártel del Golfo, para dotarlos de armas de asalto provenientes de Estados Unidos. Este sargento además organizó a otros soldados para que participaran en estas actividades junto con otros reclutadores del ejército.
La investigación inició cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos le decomisó 23 pistolas a un reclutador del ejército estadounidense el cual se volvió un informante de dicho organismo. De tal forma, junto a otro informante encubierto fue como atraparon al sargento Prezas, ya que este empezó a ser vigilado y fue sorprendido transportando armas en su automóvil de su oficina de reclutamiento en San Antonio, hacia Río Grande donde entregó rifles AK-47 y AR-15 a cambio de 60 mil dólares a un agente encubierto quien se hizo pasar como un supuesto operadores del crimen organizado en México.
Ante estos delitos, Prezas podría enfrentar una condena de 10 años por mentir y 20 años por intentar exportar armas de manera ilegal. La sentencia será emitida por el juez Orlando García, además de enfrentar cargos por las autoridades militares de ese país. (Vía: Proceso)