Quedan libres militares implicados en Tlatlaya

Anoche fue anunciada la liberación de tres militares acusados de ejecutar a varias personas en los hechos de Tlatlaya.

Anoche fue anunciada la liberación de tres militares acusados de ejecutar a varias personas en los hechos de Tlatlaya. El 1 de julio de 2014 hubo un enfrentamiento armado entre soldados del ejército mexicano y supuestos integrantes de un cártel de drogas en Tlatlaya, Estado de México. En octubre del mismo año, una testigo declaró que sí había habido un enfrentamiento, tras el cual los militares asesinaron a los sobrevivientes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigó el caso y determinó que entre 12 y 15 personas habían sido asesinadas a sangre fría. La Secretaría de Defensa Nacional concluyó que sólo habían sido 8. Como resultado de este proceso, los soldados Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández fueron acusados de “homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo” y permanecían encarcelados en la prisión militar Campo Militar Número 1, hasta ayer que fueron liberados.

Antes, en octubre del año pasado, un juez ya liberó a los otros cuatro elementos castrenses implicados, tres elementos de tropa y un oficial, el teniente de infantería Ezequiel Rodríguez. La fiscalía mexicana los acusaba de ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento. El juez los liberó por un error de la propia fiscalía: los investigadores nunca explicaron a los soldados quien les acusaba, ni les dejó reunirse con sus abogados (vía El País).

El grupo de defensoría legal que apoya a Clara Gómez, la testigo que declaró contra los militares, pertenece al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Desde esa plataforma, el grupo ha realizado investigaciones tanto sobre los hechos ocurridos la madrugada del 1 de julio, como sobre el proceso legal al que dio inicio.

Entre los hechos más graves que encontraron hay una orden operativa del mando del 102 Batallón de Infantería:  “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Por otro lado, existen pruebas de que la escena del crimen fue alterada antes de que llegaran miembros de la fiscalía del estado: se movieron cuerpos y armas y desaparecieron los teléfonos celulares de todas las víctimas. Finalmente, hay evidencias de que mandos del Ejército y la Marina estuvieron en el lugar de los hechos horas después de la masacre y momentos antes del arribo de personal de investigación.

Ante la situación actual, la Procuraduría General de la República se comprometió en un comunicado a aportar pruebas que acrediten la responsabilidad de los implicados, para que éstos sean reaprehendidos y formalmente procesados” (vía PGR). Mientras tanto, los posibles autores de un puñado de ejecuciones extrajudiciales permanece libre.

 

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