Con cada legislatura suele resurgir el tema tarde o temprano, el sistema penitenciario está al borde del colapso.
La CNDH presentó su Diagnóstico nacional de revisión penitenciaria 2014 en la que estudió al 90.06% del total de la población penitenciaria.
20 de los 32 estados tienen sobrepoblación penitenciaria.
De los 260 mil detenidos que habitan las cárceles, apenas un 51 por ciento es decir, 132 mil 600 presos, cuentan con sentencia.
Sólo en Colima, la capacidad total para albergar reos es de 876 y la población total es de 3,613.
Mientras que en Hidalgo la cárcel distrital de Tizayuca tiene sobrecupo del 300 por ciento y otros penales reportan niveles de sobrepoblación de 100 a 200 por ciento.
También destaca que la población femenina en las cárceles ha crecido 100%.
Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), afirmó anteriormente que el país ocupa el sexto lugar entre las cárceles más sobrepobladas del mundo.
La capacidad de los centros penitenciarios del país está superada en al menos 25.8%
Detectan condiciones que favorecen la violencia: el hacinamiento, la falta de servicios de salud, actividades laborales, educativas, deportivas, programas de prevención de adicciones, entre otras.
En 85 cárceles estatales no se realiza la certificación de integridad física ni se respeta el derecho de audiencia
Sin razón alguna se siguen mezclando a reos altamente peligrosos con personas procesadas por delitos menores.
El déficit de custodios, condiciones laborales e infraestructura provoca, entre otras cosas, que los reos tengan poder de decisión en seguridad, servicios, actividades recreativas, educativas y productivas, alimentación, mantenimiento, limpieza, visitas y llamadas.
Del primero de enero al 31 de diciembre de 2014 ocurrieron mil 737 casos de violencia: 993 en centros estatales, 740 en los federales y cuatro en prisiones militares.
Cabe destacar que es en este contexto que sucedió la fuga de “El Chapo”, facilitada sin lugar a dudas por la corrupción y la ineficacia del sistema penitenciario mexicano.
El Gobierno de la República propuso en su Paquete Económico 2016 una reducción de mil millones de pesos para la administración de cárceles federales.
Se ahorrará la comida que paga a los prisiones estatales en la que se encuentran reos federales.
Se destinará apenas el 16 por ciento del total gastado durante el año pasado para proyectos de infraestructura a pesar de las constantes y tradicionales advertencias.
“Lo más preocupante en el país es el profundo nivel de corrupción que existe. Es un legado que hemos ido acumulando a través de los años y que hoy en día se refleja en sistemas de justicia debilitados, sin capacidad de proteger a los ciudadanos y ciudadanas; es importante desaparecer la dicotomía que existe entre seguridad y derechos humanos. La persecución del delito no tiene por qué ser incompatible con un régimen sustentado en el respeto de los derechos humanos de las personas en detención”, señaló AI.