El proceso electoral de este año fue de cero austeridad
Cada proceso electoral en México escuchamos de todos los partidos que competirán en la contienda la misma cantaleta relacionada a la austeridad en las campañas, con discursos ensayados y acartonados,...

Cada proceso electoral en México escuchamos de todos los partidos que competirán en la contienda la misma cantaleta relacionada a la austeridad en las campañas, con discursos ensayados y acartonados, los candidatos convocan a las fuerzas políticas participantes a firmar un acuerdo en donde se comprometen a reducir los gastos de campaña. Evidentemente todos los candidatos aceptan, así que montan un teatro en donde cada candidato busca proyectar al arranque de la campaña, una imagen de sensibilidad y responsabilidad ante ciudadanía y la opinión pública.
Pero como hemos dicho, todo esto es un montaje producto de la demagogia que comparten todas las fuerzas políticas de nuestro país, ya que en realidad los partidos no van ahorrar un centavo del dinero público otorgado por la autoridad electoral, ya que en realidad nada los obliga a hacerlo, ni tampoco los beneficia en lo más mínimo, de hecho saben de antemano que los procesos electorales en nuestro país se ganan con dinero. De hecho, los recursos públicos otorgados para las campañas son solo la “punta del iceberg” del dinero disponible con el que cuentan los partidos, ya que se sabe que todos buscan obtener financiamientos por fuera de las instituciones, dinero que no es fiscalizado ante las autoridades electorales y que les sirve para operar políticamente en campo, es decir, para operar dádivas, compras de voto, acarreos y demás prácticas al margen de la ley.
Sin embargo, con todo esto parece ser que no hay dinero que alcance para los partidos políticos en campaña, ya que independientemente de estos recursos ocultos, vemos que también hay rebases y gastos excesivos de los recursos oficiales de campaña. Incluso, parece ser que los equipos de campaña presupuestan las multas en las que incurrirán en el proceso, lo que significa que violan la ley de forma premeditada, ya que el daño se encuentra calculado desde el principio.
Solo en el proceso electoral de este año, que se redujo a 3 gubernaturas, Estado de México, Coahuila y Nayarit, más la renovación de alcaldías en Veracruz se presupuestaron 4 mil 28 millones de pesos, lo que representa el 13.6% del presupuesto total para este año en todo el país que asciende a 29 mil 525 millones de pesos. De ese presupuesto destinado a los procesos electorales, casi el 60% esta destinado a los Organismos públicos locales electorales; el 35% para financiamiento de los partidos a nivel estatal; mientras que el 7% es otorgado a los tribunales electorales locales.
Ese 35% destinado al financiamiento de los partidos a nivel local representa en dinero unos mil 383 millones de pesos, lo cual representa un aumento del 52% respecto a los presupuestos otorgados en los comicios de 2011 y un 63% más respecto a los de 2005. Es decir, la austeridad y la reducción de gasto es una ilusión, como decíamos, es pura y mera demagogia del sistema político, ya que de hecho se otorga cada vez más dinero a los partidos para gasto en campañas, mientras que, irónicamente esos mismos partidos enrolados en el gobierno acuerdan reducciones presupuestales en materias como salud, educación, ciencia y tecnología, entre otros.
Solo en el Estado de México, los topes de campaña ascienden a casi 286 millones de pesos, lo que representa un 16% más que los topes de los comicios de 2011. Por otra parte, el costo del voto promedio en la elección fue de 203 pesos por cada elector, el más costoso fue el de Nayarit, que costó alrededor de 222 pesos, de ahí sigue el de el Estado de México con un costo de 209 pesos y finalmente el de Coahuila con un costo de 195 pesos. (Vía: El Economista)
En el caso del Estado de México, el INE reportó que los partidos en contienda gastaron en promedio 4 millones de pesos diarios durante la campaña. Con corte al pasado 6 de mayo, el Sistema Integral de Fiscalización reportó que los partidos habían reportado 20 millones de pesos en ingresos y 140 millones de pesos en gastos de campaña; sin embargo, un mes después los partidos presentaron informes de gastos por 726 millones de pesos, de un total de 756 millones reportados como ingresos, pero el INE señaló que el próximo 18 de junio los partidos tendrán que entregar 176 informes informes de fiscalización faltantes. (Vía: La Jornada)
Según información del INE, los dos candidatos que más gastaron durante las campañas fueron el candidato del PRI, Alfredo del Mazo quien gastó casi 116 millones de pesos, y la candidata de Morena, Delfina Gómez quien erogó 114 millones de pesos, sin embargo, si sumamos los gastos de precampaña es Delfina Gómez quien ejerció mayor gasto, ya que habría que sumarle 24 millones de pesos más, mientras que a Alfredo del Mazo solo 13 millones. Es decir el primero y el segundo lugar tuvieron casi los mismos gastos de campaña, además paradójicamente, fueron los dos candidatos que más hablaron sobre austeridad en las campañas, los que según se comprometieron a regresar al erario no sé cuantos cientos de millones de pesos, de nuevo, nuestra hipótesis de que la austeridad es demagogia debido a que las elecciones en este país se ganan a literalmente “billetazos” legales e ilegales.
Por otro lado, fue la campaña de Delfina Gómez la más multada durante la elección, Morena recibió 3 multas en el proceso electoral, 2 por actos anticipados de campaña y una por no fiscalizar recursos de precampaña por unos 5 millones de pesos. Lo que veremos los próximos días seguramente, son más multas para todos los demás partidos, ya que es a la hora de entregar cuentas a la autoridad cuando salen a relucir todas las irregularidades y los delitos electorales, así que veremos en las próximas semanas a los tribunales repartiendo multas a los partidos.
Como podemos ver, a pesar del alto costo de nuestro sistema electoral, este no ha logrado ofrecer confianza y certidumbre a los electores, vemos que esa alta inversión pública no arroja gobernantes con un mínimo de legitimidad y consenso político, se gastan millones de pesos y llegan gobiernos que ganaron con un 30% de votación, lo que significa que el 70% restante de electores que participaron no votaron por ese candidato. Lo que estamos viendo es entonces una inversión que no está ofreciendo los réditos esperados, es decir, el margen de ganancia para la sociedad es muy bajo a un costo muy alto, ya que en lugar de reducir la contingencia y ofrecer certidumbre, nuestro sistema electoral es costoso no solo en términos financieros, sino que por los resultados que ofrece, también es costoso social y políticamente hablando. (Vía: El Financiero)
Sabemos que la democracia no es barata, pero el dinero público se debe invertir en un sistema eficiente que ofrezca certidumbre, confianza y legitimidad, urge una reforma al sistema electoral, la segunda vuelta y el voto obligatorio es impostergable. Aumentando los niveles de participación es posible neutralizar la corrupción, ya que los partidos no tendrían acceso a los recursos para movilizar al 80 o 90% del padrón electoral sin pasar desapercibidos, además de que les sería prácticamente imposible obtener un 50% +1 de la votación por esos medios.