Ponen en duda la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa

Un juzgado federal y un tribunal de justicia pusieron en duda la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa por falta de pruebas sobre su ocultamiento.

El Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales y el Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas resolvieron que no existen suficientes pruebas para hablar de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con las dos instancias federales, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no acreditó el ocultamiento de las víctimas, uno de los tres requisitos legales para hablar de desapariciones forzadas, que en derecho internacional se defienen así:

“desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley” (Declaración de Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, 1992)

Esto significa que para hablar de desaparición forzada, deben convivir tres elementos: que las personas hayan sido privadas de su libertad, que para ello haya existido ayuda, directa o indirecta, de agentes gubernamentales, y, por último, que haya una negativa por revelar el paradero de los desaparecidos.

De acuerdo con la resolución de los jueces federales, los indicios que constan en el expediente del caso apuntan a que los estudiantes fueron asesinados poco tiempo después de su aislamiento.

“Las constancias procesales apuntan en forma coincidente a que las víctimas no fueron mantenidas en el ocultamiento; muy al contrario, fueron detenidas, privadas de la libertad y trasladadas al lugar donde fueron ejecutadas sumariamente”, establece la sentencia (vía Reforma).

Esta resolución impidió que se giraran 56 órdenes de captura por desaparición forzada, entre las que figuraban la del exalcade municipal, José Luis Abarca, y su señora esposa, María de los Ángeles Pineda, así como de miembros de la policía municipal de Iguala, presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos.