Después de 11 meses de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los posicionamientos específicos sobre las 26 observaciones y propuestas formuladas en el informe “Estados de la investigación del caso Iguala”.
También se puso a consideración de la CNDH el cumplimiento de las observaciones y propuestas formuladas sobre el documento presentado el 23 de julio por la Oficina Especial para el Caso Iguala.
La procuraduría presentó este documento con el propósito de hacer una aportación a la labor de la Oficina Especial para el Caso Igual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Según el diario El Economista, la PGR reitera su compromiso con las tareas de búsqueda, el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, actuando, como lo indica su mandato, con estricto apego a la ley, probidad, eficiencia y transparencia.
CIDH anuncia prorroga a mandato de expertos internacionales en Ayotzinapa
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió alargar el mandato del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independienstes (GIE) con la finalidad de que puedan recibir y procesar los comentarios y las observaciones a su informe final sobre el caso Ayotzinapa.
Según el Centro Prodh, el GEI inicio su primer mandato el 2 de marzo y formalmente lo terminará el 2 de septiembre y ha presentado ya cinco informes parciales. Además de que se espera la presentación del informe final para el 6 de septiembre.
La presidente del organismo interamericano, Rose-Marie Antoine, señaló:
“Creemos que el informe será una contribución internacional significativa a los esfuerzos para fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano para la búsqueda y localización de víctimas de desaparición forzada, así como para el fortalecimiento de la capacidad institucional para la prevención de este crimen grave”
Las observaciones al informe de los expertos y expertas podrán ser presentadas por el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas, entre otros actores. El Estado y los representantes tendrán hasta el 15 de septiembre para opinar sobre la posible renovación del mandato del GIEI. Los familiares de los normalistas ya han expresado públicamente su respaldo a la ampliación del mandato del grupo, y el gobierno mexicano -en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa- dijo que será hasta después de conocer el informe final cuando tomará la decisión.