En el marco de la inauguración de la XXXIII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Enrique Peña Nieto dio a conocer que su administración ha destinado alrededor de 10 mil millones de pesos para llevar a cabo el ordenamiento constitucional, lo que significa una inversión 337% más que la dedicada en 2008, año en el que se aprobó el nuevo modelo de justicia penal, a 2012, fecha de inicio del actual sexenio.

Detalló en estos tiempo las instituciones de justicia deben hacer frente a tres retos: sujetar su actuar a los más altos estándares de respeto a los derechos humanos; ser eficaces en la entrega de resultados que demanda la sociedad, y estar a la altura de la transformación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

El sistema de justicia penal constituye el campo en el que se ventila la resolución de los conflictos generados por la criminalidad, tanto a nivel nacional como internacional. Comprende un conjunto de instituciones conducidas por profesionales formados en distintas disciplinas científicas que no han hallado oferta formativa integral en el tradicional mapa de titulaciones oficiales.

También declaró que el realizar y aplicar justicia es un deber de todo Estado, subrayó que “exigirla con prontitud y certeza es un derecho fundamental de toda persona” y que la justicia es “el pilar del orden constitucional; es el sustento básico de la gobernabilidad, de la paz y de la tranquilidad social”.

Y eso es precisamente lo que exige el país, pero como que no lo escucha.