Un oficio secreto realizado por el Centro Militar de Inteligencia (CMI), perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó que se ha hecho uso del software Pegasus para presuntamente espiar al activista de Derechos Humanos, Raymundo Ramos.
Según señala Proceso, este espionaje ocurrió durante el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y se realizó con el fin de obstaculizar una investigación sobre la ejecución extrajudicial de tres civiles por parte de Soldados de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Comprueban que militares utilizan #Pegasus para espiar a periodistas y defensores
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 7, 2023
La investigación #EjércitoEspía revela el espionaje ilegal contra el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos. pic.twitter.com/5KXBX25c0E
Sedena usó software Pegasus para espiar a activista
El mencionado documento señala que los militares encontraron elementos en el teléfono de Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, durante el pasado mes de agosto de 2020; mismos que presuntamente se proporcionaron a la Policía Ministerial Militar para desprestigiar al defensor.
La fecha de dicho espionaje coincide con las fechas de los ataques con Pegasus, que el Citizen Lab encontró en el dispositivo del activista: el grupo de expertos, basado en la Universidad de Toronto, comprobó en un análisis forense que el celular de Ramos había sido intervenido con el software los 18, 19 y 28 de agosto, así como el 2 y el 3 de septiembre del año pasado.
La organización ha presentado este documento interno de la Sedena, el cual se obtuvo como parte de los hackeos del colectivo Guacamaya y muestra las evidencias del espionaje cuando ya estaba en curso la investigación antes mencionada, la cual encabezaba el propio Ejército conforme al fuero militar: Un oficio confidencial dirigido a “la Superioridad” (el general Sandoval) detalla los contactos que Ramos sostuvo entre el 14 y el 26 de agosto con diferentes personas, entre ellas periodistas, con los que compartía información sobre el caso.
En este oficio secreto, el CMI recomendó a Sandoval que entregara el informe a la Policía Ministerial Militar, pero sin agregarlo a la carpeta de investigaciones del caso de Nuevo Laredo.
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