El gobierno falsificó un oficio en caso Guardería ABC

Eduardo Medina Mora en aquel entonces titular de la PGR y actual Ministro de la Corte, estuvo en Sonora y dijo que había recibido el documento que constataba que los socios sabían sobre las condiciones de peligro en la guardería. No obstante, hace unas semanas un juez confirmó la falsedad del oficio.
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Dos dueños de la guardería ABC de Hermosillo fueron sentenciados con base en un oficio falso, denunció Otoniel Gómez, defensor de los inculpados. De acuerdo con el diario Reforma, el oficio 23 mil 180, emitido presuntamente por la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 26 de julio de 2005, enlistaba una serie de observaciones para mejorar las condiciones de seguridad de un inmueble y justificar supuestas omisiones del ABC.

En junio de 2009, Eduardo Medina Mora en aquel entonces titular de la PGR y actual Ministro de la Corte, estuvo en Sonora y dijo que había recibido el documento que constataba que los socios sabían sobre las condiciones de peligro en la guardería. No obstante, hace unas semanas un juez confirmó la falsedad del oficio. (Vía: Reforma)

(Vía: Reforma)

Fue justo con base en ese documento que fueron destituidos e inculpados cuatro funcionarios del IMSS de Sonora y se procesó a tres socios de la guardería ABC. Asimismo, Otoniel Gómez expresó que el documento falso desvió la atención hacia la guardería y se ignoró que el fuego inició en una oficina del Gobierno.

Cabe recordar que el pasado 30 de agosto, la organización Manos Unidas, presentó ante la PGR una denuncia contra del ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y del ex Procurador estatal, Abel Murrieta, por la falsificación de documentos. En entrevista, Gabriel Alvarado, el abogado de la organización, explicó que ambos tenían a su cargo la investigación del incendio que provocó la muerte de los menores, por lo que serían responsables de delitos en contra de la administración de justicia, por la alteración del lugar de los hechos y la falsificación de documentos.

“Este oficio fue utilizado únicamente y exclusivamente como para que se fincara o inculpara al personal del IMSS”, acusó Alvarado. “El Procurador Abel Murrieta hacía ver que todo el peso de la tragedia debía de recaer sobre el personal del Instituto (Mexicano del Seguro Social) y de los socios propietarios, y dejaba de lado todo lo que tuviera que ver con el Estado”. (Vía: Reforma)

El pasado 13 de mayo, un juez de Hermosillo dictó 28 años de cárcel a Sandra Téllez Nieves y Antonio Salido, ex representante legal y ex administrador de la guardería, respectivamente, por homicidio y lesiones culposas en agravio de las 87 víctimas. También condenó a otros 17 implicados, entre ellos funcionarios del Gobierno estatal y municipal así como autoridades de la delegación del IMSS. (Vía: SDP Noticias)

De acuerdo con la defensa de los ex socios, pese a que un juez comprobó que el oficio 23180, con fecha de 26 de julio de 2005 y en el que se enlistaba una serie de indicaciones para mejorar las condiciones de seguridad de la Guardería ABC, era falso, el documento sirvió para inculpar a los empresarios y a cuatro ex funcionarios del Seguro Social. Alvarado recordó que el incendio se originó en la bodega contigua, donde la Secretaría de Hacienda estatal guardaba archivo muerto.

Por lo tanto, según considera Alvarado, el oficio, sirvió como un factor de distracción de las investigaciones, para evitar acusaciones contra el Gobierno estatal por un posible incendio provocado para eliminar documentos oficiales. El abogado señaló que desde las primeras diligencias que llevó a cabo el Ministerio Público estatal existieron irregularidades.

 Además, explicó que, al dar fe sobre el portón de acceso a la bodega, el MP dijo que estaba totalmente cerrado:

“No obstante, declaraciones de bomberos establecen que el portón fue abatido por una máquina retroexcavadora, gracias a lo cual ingresaron a la bodega sin hacer ninguna acción de fuerza. “Desde entonces ya se estaban alterando y distorsionando los hechos. Asentar en la primera diligencia, con la que se parte un expediente criminal, un hecho falso, deja entrever que se trata de desviar las investigaciones” (Vía: Reforma)