Feminicidio: Rubí denunció a su expareja por secuestro, por mil 500 lo dejaron ir; volvió y la mató

Rubí denunció en varias ocasiones las agresiones y violencia que sufría por parte de su expareja
El feminicidio de Lucero Rubí Ojeda Huerta ocurrió el 24 de septiembre de 2020 |Imagen: Twitter/@BereniceDiazG

Lucero Rubí Ojeda Huerta fue víctima de feminicidio. Un día antes de su expareja la asesinara en un centro de salud de Ensenada, el agresor la había privado de su libertad y aunque ella lo denunció, un juez calificador lo liberó por mil 50o pesos.

El feminicidio de Lucero Rubí Ojeda Huerta ocurrió el 24 de septiembre de 2020, cuando ella acudió a su trabajo en el Centro de Salud de la delegación Vicente Guerrero, en Ensenada, donde trabajaba como promotora social.

Cuando llegó al lugar, Pedro Martínez Castro, su expareja, ya la esperaba dentro del lugar con un arma de fuego con la que le disparó y posteriormente, se suicidó.

Al igual que muchas otras víctimas de feminicidio, Rubí había denunciado a su expareja por la violencia que cometía en su contra. De hecho, las autoridades le habían impuesto medidas de restricción.

Pese a esto, dos días antes de su feminicidio, ocurrieron episodios de violencia ante los cuales las autoridades fueron omisas.

El primero, cuando Pedro llevó a Rubí a la fuerza a una playa de la zona y la tuvo retenida desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Durante ese tiempo, el agresor la atacó en repetidas ocasiones de forma física, verbal y sexual.

“La tuvo retenida, la lastimó mucho porque le metió la pistola a la boca”, describió una persona de la familia Huerta al semanario Zeta. Al volver a su casa, Rubí denunció los hechos ante las autoridades, pero luego de que un juez calificador le impusiera una multa de mil 500 pesos, lo dejó ir.

Familiares y usuarios en redes sociales exigen justicia por el feminicidio de Rubí |Imagen: Facebook Justicia para Rubí, San Quintín BC

Sindicatura Municipal inició proceso administrativo a cuatro agentes

Una vez que salieron a la luz las omisiones de las autoridades, la Sindicatura Municipal inició un proceso administrativo en contra de cuatro agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) asignados a la delegación San Quintín.

Dicho proceso derivó en la suspensión de estos agentes, tres hombres y una mujer, la cual estará vigente mientras transcurre la investigación. Esto, según lo indicado por Edgar Salgado, vocero de la corporación a Zeta.

Los agentes que están bajo investigación son Aarón Huerta Torres, Desiderio Barragán Ruiz, Mireya Gómez Morán y Jorge Adán Leyva García.

Cabe mencionar, que hasta ahora la Sindicatura Municipal no tiene contemplado sancionar a los jueces Jorge Alberto Mendoza González y Miguel Antonio Batalla Palacios.

Por su parte, la investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, citada por Zeta, señala que no hay registro de las actas de los reportes realizados por Rubí previo a su asesinato.

Testigos afirman que hay más implicados

Testigos del feminicidio aseguran que hubo más implicados en los hechos. En diversas declaraciones, se afirma que un sujeto trasladó a Pedro Martínez al centro de salud y lo esperó estacionado fuera del lugar.

Con respecto a esto, Zeta consultó a la Unidad de Delitos contra la Vida donde afirmaron que no hay más personas consideradas en la investigación como coautores del asesinato.

Asimismo, las autoridades señalaron que están a la espera de que un juez federal permita el acceso a las telecomunicaciones de los teléfonos del imputado y la víctima. Lo anterior, para determinar si el asesino tenía algún cómplice.

En los últimos cinco años, casi 18 mil mujeres fueron asesinadas de forma violenta en México |Imagen: Moisés Pablo/Cuartoscuro

Familiares acusan que no han obtenido reparación del daño

Por su parte, familiares de Lucero Rubí Ojeda Huerta acusan que las autoridades no han hecho la debida reparación del daño por el feminicidio.

Los familiares han tenido diversas audiencias con las autoridades en los últimos cinco meses. Esto, con el fin de exigir la reparación del daño y proteger la salud y educación del hijo de Rubí, quien quedó huérfano.

Esto, a pesar de que en diciembre pasado la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Víctimas para que huérfanos por homicidios o feminicidios reciban apoyos de los gobiernos federal y estatal.

Angélica, hermana de Rubí ha solicitado apoyo en distintas dependencias para su sobrino. Lo que han recibido son computadoras y becas, pero no una reparación integral.

Tampoco han recibido apoyo del sector salud de Baja California. Esto, a pesar de que al momento de su muerte, Rubí tenía un contrato activo como promotora de programas.

La familia señala que la Secretaría de Salud se comprometió a pagar los gastos funerarios y la indemnización, pero hasta ahora no han cumplido.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) en los últimos cinco años, casi 18 mil mujeres fueron asesinadas de forma violenta en México.

Con información de Zeta

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