Espionaje: Actores públicos y privados violan derechos humanos

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El derecho a la privacidad es un derecho humano, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así lo establece en su artículo 12:

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”

Y, por si fuera poco, en México existe una organización encargada de proteger este derechos en el ámbito digital, se trata de la Red en Defensa de los Derechos Digitales o R3D por sus siglas, su principal tarea consiste en proteger la libertad de expresión, la privacidad, la cultura libre y el acceso al conocimiento.

La Electronic Frontier Foundation (EEF) realizó un estudio que reveló que actores públicos y privados han estado utilizando la tecnología para conocer aspectos de la vida privada de las personas mediante procesos “altamente invasivos” que pueden implicar “graves riesgos a los derechos humanos” (Vía: Aristegui Noticias).

Luis Fernando García, miembro de la R3D, realizó a su vez una investigación sobre la situación de privacidad en México en la que concluye que las leyes mexicanas incumplen los 13 Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos sobre la Vigilancia de las Comunicaciones (Vía: InfoDF): 

  1. Legalidad: El Estado no debe implementar medidas que interfieran con los derechos a la privacidad si no existe una ley públicamente disponible; debe ser claro y preciso para asegurar que las personas conozcan su derecho.
  2. Objetivo Legítimo: Las leyes sólo pueden permitir la Vigilancia de las Comunicaciones por parte de autoridades estatales específicas y si esta tiene un objetivo de interés jurídico importante, necesario en una sociedad democrática.
  3. Necesidad: Vigilar las Comunicaciones sólo será legal cuando el objetivo sea legítimo.
  4. Idoneidad: “Cualquier caso de Vigilancia de las Comunicaciones autorizado mediante ley debe ser apropiado para cumplir el objetivo legítimo específico identificado.”
  5. Proporcionalidad: Vigilar las Comunicaciones debe ser considerado un acto altamente intrusivo que interfiere con los derechos humanos y que amenaza las bases de una sociedad democrática.
  6. Autoridad judicial competente: Toda acción que implique la vigilancia de las Comunicaciones deberá ser supervisada por una autoridad judicial competente, imparcial e independiente.
  7. Debido proceso: Este exige que los Estados respeten y garanticen los derechos humanos asegurando que “los procedimientos legales que rigen cualquier interferencia con los derechos humanos estén enumerados apropiadamente en la ley, sean practicados consistentemente y estén disponibles para el público general”
  8. Notificación del usuario: Cualquiera cuyas comunicaciones estén siendo vigiladas deben ser avisados y serán ellos quienes concedan su permiso para llevarlas a cabo.
  9. Transparencia: “Los Estados deben ser transparente sobre el uso y alcance de las leyes de Vigilancia de las Comunicaciones, reglamentos, actividades, poderes o autoridades…”
  10. Supervisión pública: “Los estados deberían establecer mecanismos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la Vigilancia de las Comunicaciones…”
  11. Integridad de las comunicaciones y sistemas: “…los Estados no deben obligar a los proveedores de servicios o proveedores de “hardware” o “software” a desarrollar la capacidad de vigilancia o de control en sus sistemas, ni a recoger o retener determinada información exclusivamente para fines de Vigilancia de las Comunicaciones del Estado…”
  12. Garantías para la cooperación internacional: “En respuesta a los cambios en los flujos de información y en las tecnologías y servicios de comunicaciones, los Estados pueden necesitar procurar la asistencia de un proveedor de servicios extranjero y otros Estados…”
  13. Garantías contra el acceso ilegítimo y derecho a recurso efectivo: “Los Estados deben promulgar leyes que penalicen la Vigilancia de las Comunicaciones ilegal por parte de actores públicos o privados…”

En resumen, el espionaje tecnológico solo puede ser utilizado por parte del Estado y/o instituciones privadas cuando se pretenda perseguir el crimen y se busque garantizar la seguridad de los ciudadanos. Cualquier otro fin deberá ser regulado por las especificaciones antes mencionadas.

Que el ciudadano conozca sus derechos, podría evitar abusos e incluso impugnar si estos ya estuvieran siendo violados, especialmente en el ámbito tecnológico que, hasta la fecha, sigue teniendo lagunas en materia jurídica.