Enfrentamiento en Puebla entre ordeñadores de combustible y Ejército deja 10 muertos

Ayer, 4 de mayo, pobladores de una de las mayores zonas de “ordeña” de combustible, tomaron la autopista Puebla-Córdoba como respuesta a la supuesta desaparición de 13 personas y en protesta de las constantes operaciones del Ejército mexicano. El día anterior, enfrentamientos armados entre “huachicoleros” (ordeñadores de los ductos de gasolina que pasan por el estado) y fuerzas armadas, dejaron un saldo de 10 muertos, 11 heridos y 14 detenidos. (Vía: Aristegui Noticias)

El choque del  3 de mayo no es el primero en la zona, conocida como el “Triángulo rojo”, que abarca los municipios poblanos de Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Tepeaca y Tecamachalco. Los enfrentamientos entre policías (municipales, estatales y federales) y las bandas organizadas de “huachicoleros” son una constante, tal como en el norte del país, en Guerrero o en Michoacán lo son los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y escuadrones de sicarios. Para muchos analistas, el robo de combustible se ha convertido en una actividad altamente redituable para los cárteles del narcotráfico, que han “diversificado sus inversiones” hacia operaciones que no requieren tanto dinero, que dejan altas ganancias y que, hasta el momento -tal como sucede la “guerra contra el narcotráfico”- se ha manejado en completa impunidad.

Sin embargo, lo ocurrido el 3 de este es diferente: ni bien los principales medios dieron la nota, cuando todo el aparato del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se movilizó para dejar “en claro” dos cosas: que los huachicoleros son pobladores de la localidad (y que ésta los protege) y que ellos utilizaron a niños y mujeres como “escudos humanos”. (Vía: El Universal)

En un comunicado oficial, la Sedena dio un reporte pormenorizado de su versión del enfrentamiento, de los soldados y oficiales caídos y de la reacción de la población, tal como lo hiciera (casi al mismo tiempo) la Oficina de prensa de Seguridad de Puebla no en un comunicado, sino con un video en Twitter en el que “describe” el uso de “escudos humanos”, cuando todo lo que se ve es una protesta enfrentada contra policías antimotines.

El gobernador del estado, el panista José Antonio Gili Fayad, negó que el robo de combustible esté fuera de control en el estado (aunque todo apunte hacia lo contrario), y en entrevista, culpó a los pobladores de ocultar, pues “El encubrimiento también es un delito y por este se va a la cárcel. Tan delincuente el organizado como el que lo protege.” (Vía: Excélsior)

Por alguna razón, el gobernador cree que es el robo de combustible el produce la “descomposición del tejido social”, cuando ¿no sería la descomposición del tejido social, político y económico lo que ha dado pie a que el robo de combustible sea una actividad válida para esos mismos pobladores, a pesar de que saben que están siempre al pie de la tragedia?