Amnistía
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La organización Amnistía Internacional (AI) destacó en su informe anual que ante la grave crisis en materia de derechos humanos que se “viene gestando” desde hace décadas en México, el gobierno ha reaccionado con “dureza” a las críticas internacionales y se observa una creciente resistencia al escrutinio público desde el extranjero. Y no solo eso, también advirtió que a la “práctica generalizada” de tortura, la cual fue ya denunciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se suman las desapariciones forzadas con implicación de agentes del Estado, pero también aquellas que son perpetradas por particulares en medio de una impunidad “casi absoluta”.

En este informe anual, en el que se da cuenta de la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional expresó que hay una especial preocupación por México, dada la gravedad de la situación que se vive en el país. Para Perseo Quiroz Rendón, secretario ejecutivo de AI México, la crisis de derechos humanos en la nación se ha venido gestando desde hace años, tiempo en que la que la clase política, ya sea por desinterés o por incapacidad, no han podido enfrentar de manera adecuada estos problemas directamente vinculados a los derechos humanos. “Si revisamos nuestros sucesivos informes veremos que la situación de México empeora cada vez más año con año”.

De la abundante lista de violaciones reportadas en el informe, el secretario de AI destacó la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, así como las relacionadas con los temas de seguridad, migración y violencia de género. Pero también se refirió al aumento de la pobreza entre 2012 y 2014, que según datos oficiales, hace casi imposible que más de la mitad de la población tenga acceso a las necesidades mínimas para tener una vida digna.

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A su vez, AI señaló que la impunidad “casi absoluta” es continua en las violaciones graves a los derechos humanos; hay un muy elevado número de víctimas por desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales, una cifra creciente de detenciones, expulsiones y denuncias de abusos contra personas migrantes, una “violencia generalizada” de género, violaciones permanentes al derecho a la libertad de expresión y en contra de los periodistas, así como de los defensores de derechos humanos.

AI subrayó que están en marcha múltiples proyectos de desarrollo a gran escala y de explotación de recursos naturales (Tajamar, por ejemplo), que no tienen un marco jurídico sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y campesinas afectadas, las cuales han visto severamente dañados sus derechos más elementales. Y en su parte regional, el informe enfatizó los “niveles extremadamente elevados de violencia letal” que hay en toda America Latina y el Caribe, donde se ubican 8 de los 10 países más violentos del mundo, y en cuatro de ellos (México, Brasil, Colombia y Venezuela) se cometen uno de cada cuatro homicidios violentos a nivel global.

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