La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó la imposición de una multa a Morena por 179 mil 240 pesos. La causa de la sanción es que el partido hizo uso indebido de programas sociales con fines electorales en al menos cuatro entidades federativas.
Hace unos días, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una queja contra Morena por emplear indebidamente algunos programas sociales y recursos públicos. Esta denuncia tiene lugar luego de que se difundieran imágenes de militantes morenistas recabando datos y fotografías de la población para ofrecerles beneficios de tipo social. Los hechos tuvieron lugar en diversas entidades: la Ciudad de México, el Estado de México, Sonora y Veracruz.
Asimismo, una situación similar se presentó en un centro de vacunación contra el covid-19, ubicado en el estado de Sonora; en el lugar, personas con insignias de Morena pidieron los datos de diversas personas con la promesa de facilitarles beneficios sociales. La multa impuesta por estas acciones será equivalente a 2 mil UMA (Unidad de Medida y Actualización).
Ante tales hechos, el TEPJF confirmó que Morena sí incurrió en un uso indebido de los programas sociales. El magistrado presidente, Rubén de Jesús Lara Patrón, aseveró que está prohibido utilizar estos recursos con fines electorales: “Resulta claro que esta precisión alcanza a Morena y a cualquier instituto político en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley General de Partidos; en relación con el artículo 41 de la constitución, en el que están referidos, desde luego, a cuestiones eminentemente electorales”.
Otros casos de delitos electorales en 2021
En días anteriores, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que llevaría a cabo una investigación en contra de Adrián de la Garza por delitos electorales; el candidato a gobernador en Nuevo León por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entregó “tarjetas rosas” para las mujeres de la demarcación; dicha medida se ha interpretado como “la compra y coacción del voto”.
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