A primeras horas de este sábado, en el Pleno de la Cámara de Diputados aprobaron que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y así tengan el control tanto operativo y administrativo de dicho cuerpo de seguridad.
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se discutió por la madrugada, debido que se consideró que el asunto era “urgente y obvia resolución”. Durante la sesión se votó por cuatro leyes que comprende la propuesta, además de los artículos transitorios.
Con 265 votos a favor, 221 en contra y dos abstenciones, la mayoría compuesta por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron el Artículo Primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sobre el segundo artículo que corresponde a la Ley de la Guardia Nacional; y el tercero, correspondiente a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los diputados avalaron con 267 votos a favor, 222 en contra (220 para el artículo 3°) y una abstención, respectivamente.
Finalmente, el Pleno de la Cámara aprobó las reformas al artículo Cuarto de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con 458 votos a favor, 26 en contra y una abstención. En la sesión, también se discutieron los artículos transitorios que fueron a aprobados con 265 votos sobre 219 que los rechazaban.
Según la iniciativa presentada por el representante de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, y a nombre del PT y PVEM, el propósito de realizar esta reforma es fortalecer la consolidación de la Guardian Nacional como un cuerpo policíaco que sea “permanente, profesional y disciplinado”, el cual estará adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, permitiéndole así a la Sedena su control en operaciones y administración.
La propuesta de AMLO también indica que debido a la complejidad, diversificación ya grave con la que opera el crimen organizado, aunado a la logística, economía, dispersión geográfica y el acceso a armas de alto calibre de estos grupos, implicaría un riesgo que amenaza la paz, seguridad y desarrollo de comunidades que se ven afectadas en sus derechos humanos. El caso pasará a discutirse al Senado; sin embargo, la oposición aseveró que impugnará la decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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