Ya pasó un año de el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacanuchi que dejó sin el líquido vital a varias comunidades, afectó el campo, mató animales y causó quemaduras a las personas que se mojaron con esas aguas y no hay castigo aún a los responsables.
Recordemos que el derrame fue ocasionado por la mina Buena Vista del Cobre, filial de Grupo México (quienes gastaron haciéndose publicidad en el cine a partir del derrame, por cierto).
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), presentó el 18 de agosto del 2014 una denuncia penal contra quien resulte responsable de lo que se considera el peor desastre ambiental provocado por la industria minera en nuestro país.
Un ecocidio de esta amplitud implicaría hasta nueve años de prisión, pero hasta ahora la PGR no ejercido ninguna acción penal.
Según la Profepa, la averiguación previa se encuentra todavía en trámite en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales.
Además, la Profepa ofreció pruebas documentales, dictámenes técnicos y periciales en materia de caracterización de sustancias y se realzaron observaciones técnicas y jurídicas al Ministerio Público para efecto de poder realizar el dictamen correspondiente.
La PGR, hoy en día, ya tiene en su poder todos los dictámenes del impacto ambiental ocasionado por el derrame ocurrido el 6 de agosto del 2014, que afectó a más de 22 mil habitantes de Sonora y contaminó con metales pesado los cuerpo de agua de los ríos Sonora, Bacanuchi y el arroyo Tinajas, los cuales siguen causando estragos entre los pobladores.
Es por eso que autoridades internacionales, como el secretario de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, Ramón Ojeda Mestre y especialistas nacionales como Juan Ricardo Juárez Palacios, presidente del Comité Técnico Asesor de la Academia Mexicana de Impacto Ambienta, ponen en cuestión la actuación del Gobierno mexicano en la reparación del daño.
Juárez Palacios expresó:
“Van a cuenta gotas haciendo la reparación del daño ambiental y no es ni medianamente suficiente frente a la dimensión del problema.
Yo sigo creyendo que es equivocado el arreglo que hicieron las autoridades porque debió haberse aplicado a fondo la Ley de Responsabilidad Ambiental antes de llegar a una negociación con la minera”
Por otro lado ¿qué se tenía que negociar? Hicieron un delito, debían pagarlo. Ahora parece que los responsables no serán castigados conforme lo dicta la ley, y la gente afectada (y el propio ecosistema que fue dañado) no recibirán justicia.