‘Dejen de decir mentiras’, exige investigador del CIDE sobre Ley de Seguridad Interior

Un punto central sobre el debate de la polémica Ley de Seguridad Interior, la cual prevé otorgarle facultades de investigación y seguridad a las Fuerzas Armadas, es lo que los militares atenderían: la Seguridad Interior, como dice la iniciativa. Partidarios de ésta, como Roberto Gil Zuarth, señalan que la Seguridad Interior es una vertiente de la Seguridad Nacional, por lo que no se desplazaría a los cuerpos de la Policía de su labor. Sólo actuarían las Fuerzas Armadas bajo mandato del Presidente, cuando él lo dicte o se lo soliciten y cuando alguna región o localidad quede rebasada en materia de seguridad.

Sin embargo, opositores en el Senado, donde actualmente se discute la Ley de Seguridad Interior, aseguran que es inconstitucional, pues la Seguridad Pública corresponde a las Policías, mientras que la Seguridad Nacional corresponde a las Fuerzas Armadas. La Ley de Seguridad Nacional contempla en el Artículo 5 como amenazas al terrorismo, el genocidio y “actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”.

Este lunes, durante una reunión del Senado, diversas organizaciones y académicos insistieron en los problemas que derivarían de la aprobación de dicha ley. “Hagan el ejercicio de pensar que un multimillonario loco y racista llega a la Presidencia de la República y que tiene estas facultades, sin control alguno para militarizar el país”, le dijo Alejandro Madrazo, investigador del CIDE a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta.

Eso sólo fue el parte de lo que se convertiría en una aplaudida –por figuras como Denise Dresser– declaración del académico hacia figuras legislativas como Ana Lilia Herrera y Ernesto Cordero.

“Hemos visto en nuestros gobernantes dispuestos a aprobar lo que sea con tal de evadir la responsabilidad de proveer lo que la Constitución dice tiene que ser responsabilidad de las instituciones civiles: Seguridad Pública”, declaró Madrazo.

El Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. (…) Las instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil.”

“Dejen de jugar con etiquetas, dejen de llamarle Seguridad Interior a lo que no lo es, dejen de decir mentiras y engañar diciendo que hay documentos como la agenda de riesgos que son públicos cuando no lo son y son secretos.”

Más tarde, a las afueras del Senado, donde se proyecta el documental de La libertad del Diablo, varios personajes de la esfera pública, como Gael García, Diego Luna y el director de la cinta, Everardo González, se reunieron con ciudadanos para expresar nuevamente su rechazo a la Ley de Seguridad Interior.

“Ya era una idea equivocada de enviar a los militares a las calles hace 11 años”, señala Jan Jarab, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México sobre la Ley de Seguridad Nacional. “No es la lógica correcta que debe aplicarse en el combate contra el crimen.”

“Se sacrificaron los Derechos Humanos”, recalcó Jarab.

El enviado señala que si se aprueba la legalización de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, será una recompensa por la falta de éxito del modelo militar de seguridad y de la falta del fortalecimiento de las Policías.

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