Raúl Cervantes promete resolver casos como Ayotzinapa y Tlatlaya

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Raúl Cervantes, nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció su intención de ser el próximo Fiscal General de la Nación por un plazo de nada menos que 9 años, sin importar quién sea el próximo presidente de México.

Su nombramiento fue aprobado con 82 votos a favor, 3 en contra -miembros del Partido del Trabajo (PT): Manuel Bartlett Díaz, Layda Sansores y Carlos Manuel Merino, cercanos al líder del partido Morena- y una abstención.

El nuevo procurador afirmó que la transición de la PGR a la Fiscalía General no puede realizarse con personas distintas:

“Sí vengo, y lo dice ese comunicado del poder, se los digo abiertamente y he verbalizado todo el tiempo, mi discurso lo dice, es en breve generar una ley que tenga la potencia, credibilidad y funcionalidad de lo que necesita México para ejercer acción penal y que el transitorio habilitaría que fuera yo procurador, que pasaría a la fiscalía. No creo que pueda haber alguien que cierre la procuraduría, que empezara de cero e iniciara una fiscalía o como había teorías de que se escindiera”. (Vía: Aristegui Noticias)

Además, Cervantes prometió dar solución a los problemas pendientes, como son Ayotzinapa, Tanhuato, gobernadores corruptos, Tanhuato, Nochixtlán, los desaparecidos, Tlatlaya, etc., intensificando las investigaciones y sin escatimar con los costos.

Por otro lado, hay quienes consideran -como Alfredo Lecona, de Aristegui Noticias- que el nombramiento de Raúl Cervantes como procurador sólo es una forma de perpetuar los privilegios de posicionamiento de funcionarios cercanos al presidente Enrique Peña Nieto.

El día 26 de julio del año en curso, Enrique Ochoa Reza, dirigente del PRI, apuró a senadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar las revisiones de las acciones anticonstitucionales en las que distintos gobernadores han incurrido, a las que llamó “paquetes de impunidad” que incluían la designación de fiscales que funcionaban como tapaderas de gobernadores.

Y como respuesta, apoyado en la Reforma Política de 2013 que sugería la creación de una Fiscalía General de la República (FGR) en sustitución de la PGR, Enrique Peña Nieto propuso que el nuevo fiscal pudiera ocupar el cargo durante el mandato de 3 distintos presidentes, exceso que no fue detenido por el Congreso.

Propuesta que fue aprobada a pesar de que más de un centenar de académicos, activistas, líderes de opinión y organizaciones demandaron mediante una carta al presidente y al Congreso de la Unión, se iniciara el diálogo sobre dicha ley que debiera “comenzar desde cero” y no heredara los vicios de la PGR.

Se considera que el que la reforma a la PGR se haya aprobado en una reforma política, deja en evidencia a aquellos que ven en un organismo de procuración de justicia y persecución criminal, una herramienta más al servicio de aquellos que la detentan (Vía: Aristegui Noticias).