AMLO, tiempo de definiciones
El presidente de México deberá decidir de qué lado está.
117 disparos. Tan sólo 4 militares dispararon más de 100 veces a 7 jóvenes en Nuevo Laredo sin razón objetiva alguna. 5 murieron (mejor dicho, fueron asesinados por los militares) uno resultó herido y otro más se salvó. Todo en unos cuantos minutos de la madrugada del 26 de febrero de 2023.
Luego de que todo el país se enteró de esta masacre y de que la SEDENA se vio obligada a pronunciarse y emitir un comunicado en el que aceptaba que sus elementos dispararon contra la camioneta en que viajaban los jóvenes por haber escuchado un “estruendo”, le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hiciera una investigación para determinar lo que había sucedido.
30 días se tardó la Comisión encabezada por Rosario Piedra Ibarra para reconocer que los soldados “hicieron uso desmedido de la fuerza a través del uso ilegítimo de las armas de fuego” que portaban. 30 días para llegar a una conclusión que ya estaba sobre la mesa desde los primeros momentos posteriores a la masacre. 30 días donde su atención se centró sólo en los soldados participantes, pero no dijo nada sobre la cadena de mando, ni sobre el patrón repetitivo del comportamiento del ejército mexicano –dedicado a labores de policía- quienes “primero matan y después virigüan”.
4 militares dispararon más de 100 veces a 7 jóvenes en Nuevo Laredo sin razón objetiva alguna (Foto: Cuartoscuro)
Desde el año 2022, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha recibido diversas quejas en contra de miembros de la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional por violaciones a los derechos humanos en ese municipio. Abuso de autoridad, extorsión, acoso, tortura, asesinato, agresiones en contra de civiles no armados, son algunas de las formas de comportamiento del 16to regimiento del ejército nacional en sus policíacas en Nuevo Laredo.
De acuerdo con información del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, consignada en algunos medios, el 25 de enero de 2022 se tuvo conocimiento de agresiones en contra del periodista tamaulipeco Amador del Ángel Herrera; esto, cuando militares allanaron su automóvil sin contar con alguna orden judicial.
El 26 de enero del mismo año, recibieron la queja de un hombre, de oficio pescador, quien recibió disparos por parte de elementos de la Guardia Nacional cuando se dirigía a su domicilio.
Luego, el 24 de marzo, se tiene registro de una agresión que efectuaron militares en contra de dos jóvenes. Los soldados les dispararon desde su camioneta sin motivo alguno. El mismo modus operandi.
También está el asesinato del joven Alexis Sánchez García, de 25 años; quien el 29 de abril fue perseguido por militares, sin motivo alguno. Los soldados le dispararon, causándole la muerte.
Existen diversas denuncias de violaciones de DDHH cometidas por la Guardia (Foto: Cuartoscuro)
De igual forma, el 27 de abril una mujer y su hijo, menor de edad, fueron hostigados por militares frente al palacio municipal de Nuevo Laredo. Estos hechos ocurrieron pese a que las víctimas tienen medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y reconocidas por la Sedena.
Estos hechos dan muestra clara de que el comportamiento de los 4 militares en contra de los jóvenes de Nuevo Laredo no son un hecho aislado, ni mucho menos una acción individual, sino que responden a un patrón de impunidad institucional cobijado desde las más altas esferas del poder.
En su afán por continuar con la militarización disfrazada en el país, el presidente de la república ordena que se castigue a los individuos, de suyo culpables, pero se olvida de corregir el comportamiento de una institución que tiene otros fines. Como en otras épocas, el poder proteje a aquellos que le sirven para lograr oscuros propósitos.
Y es que ese tipo de cobijo de la máxima autoridad institucional no sólo se dirige al ejército, sino también a las autoridades del Instituto Nacional de Migración. El caso de los migrantes que murieron durante el incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez es muestra de ello.
No realizan castigos de fondo, solo buscan responsables inmediatos (Foto: Cuartoscuro)
Si bien ya hubo 9 detenidos por tener responsabilidad directa en la muerte de 40 migrantes y pesa sobre el comisionado Francisco Garduño una investigación por su probable responsabilidad ante omisiones cometidas durante su gestión, subsiste la sospecha de que sólo se concretarán a “tapar el pozo después del niño ahogado”.
Todo indica que la pretensión es “castigar” a los personajes visibles, algunos con cárcel, y otro –probablemente- con sanciones administrativas. Pero el problema de fondo se mantiene.
De un lado, el inusitado número de migrantes que ingresa a nuestro país es cada vez mayor y, sorprendentemente, de lugares tan lejanos como Asia o África. Ante ello, la política para atender esta migración ha sido, por lo menos, errática y plegada a los designios de la relación con Estados Unidos.
De otro, el gobierno mexicano no ha sabido generar una cultura social e institucional que garantice la mejor atención a la población migrante en el marco de la tolerancia y la seguridad. Poco a poco se va descubriendo que la corrupción, el maltrato, la extorsión, las condiciones deleznables en que “viven” en los centros de detención migratoria o en los albergues creados para ellos, son parte de un sistema viciado, por decir lo menos, que no se modificará con el sólo cambio de nombre del Instituto Nacional de Migración.
El presidente de México deberá decidir de qué lado está. Ya sea del lado del fortalecimiento de la política histórica de nuestro país para recibir a todo migrante que huya de su país (en especial aquellos que lo hacen por causas humanitarias) y brindarles una posibilidad de futuro. O seguir siendo el testaferro de los Estados Unidos que mantiene a raya y en las fronteras a los miles de personas que quieren ingresar a aquel país, el cual sí tiene muy clara su política migratoria. O bien, seguir alimentando un sistema de atención al migrante corrupto e inseguro.
No la tiene fácil. Pero mientras más se tarde en tomar una decisión estructural más corre el riesgo de que el asunto migratorio, tanto por la relación con Estados Unidos, como por la respuesta social en nuestras fronteras se convierta en un caldo de cultivo para la intolerancia y la violencia social. Al tiempo.
***
Sigue la discusión masiva en nuestro canal de YouTube.
