Rafael Nuñez, edil de San Martín Texmelucan, Puebla, solicitó una licencia por 90 días luego de que la Fiscalía poblana iniciara una investigación contra la policía y el municipio por presuntos nexos con el narcotráfico y el robo de combustible.
En este momento fuerte operativo para resguardar el Complejo Cultural de Texmelucan. Al interior se realiza sesión de cabildo donde estarían todos los regidores. Se habla de que Rafael Nuñez solicitará licencia para separarse del cargo de Presidente Municipal pic.twitter.com/m1fo33AZf5
— Antonio Torres (@yosoyantonio09) June 5, 2018
El 2 de mayo de este año, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla inició una investigación contra la policía y el municipio de Texmelucan por… de hecho por bastantes cosas: presuntos nexos con el narcotráfico y el “huachicoleo” y falta de acreditación de confianza.
Tras esas primeras investigaciones se detuvieron a 110 policías municipales. Ninguno había pasado (o siquiera realizado) las pruebas de confianza que son una obligación para las policías desde el 2010, y el alcalde los defendió argumentando que, debido a que son policías viales no tendrían que realizar ninguna prueba. (Vía: Proceso)
Después de esa detención múltiple, otros miembros del gobierno de Nuñez han sido detenidos también: su director de Gobernación municipal y la titular de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata. La semana pasada, para meterle más leña al fuego, la FGE cateó la presidencia municipal.
La situación se hizo insostenible y apenas el día de ayer, en una reunión del cabildo municipal, presentó su petición de licencia por 90 días. Todo, dice, para facilitar la investigación:
“Esto es lo que más nos conviene, hemos dicho que en San Martín nos movemos con rectitud y transparencia, por eso decidimos pedir la licencia” (Vía: El Universal)
A lo largo del último año y medio, la situación de violencia e inseguridad en Puebla se ha incrementado por la presencia cada vez más fuerte de las bandas organizadas para el robo de combustible.
Apenas en noviembre del 2017, un enfrentamiento entre elementos del ejército y huachicoleros terminó en una presunta ejecución extrajudicial en Palmarito, lo que revivió la discusión del uso de fuerzas armadas para labores policiacas.
